La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Ernestina Ascencio no es un ajuste de cuentas con el pasado: es un acta de acusación contra un Estado que eligió mentir antes que proteger, callar antes que investigar y cerrar filas antes que hacer justicia.
Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena nahua de 73 años, murió en 2007 tras denunciar haber sido violada por elementos del Ejército en la sierra de Zongolica, Veracruz. No fue un hecho aislado ni un “malentendido médico”. Ocurrió en el contexto inmediato de la guerra declarada por Felipe Calderón, cuando la militarización se convirtió en dogma y la negación de abusos en política de Estado. El mensaje era claro: el uniforme no se toca, aunque la verdad quede enterrada.
La Corte IDH es categórica. El Estado mexicano violó derechos humanos fundamentales al no investigar con debida diligencia, al desestimar el testimonio de la víctima, al fabricar una versión oficial sin sustento científico y al negar justicia durante casi dos décadas. No se trata de una observación moral ni de una recomendación retórica: es el reconocimiento formal de responsabilidad internacional.
El corazón de la resolución es devastador. Las autoridades no sólo fallaron: actuaron para impedir la verdad. Se cerró el caso con peritajes cuestionables, se impuso una narrativa conveniente y se despreció la palabra de una mujer indígena pobre frente al poder armado del Estado. Ernestina no murió sólo por la violencia que denunció; murió también por el encubrimiento que la silenció.
Este caso desnuda una violencia estructural que combina género, etnia y clase. Una violencia que históricamente ha dicho a las mujeres indígenas que su cuerpo es territorio disponible y su palabra prescindible. Cuando el Estado decide a quién creerle y a quién no, deja de ser garante de derechos y se convierte en administrador de la impunidad.
La resolución de la Corte IDH obliga a mirar el presente sin autoengaños. México no es hoy el mismo país que en 2007, pero el pasado no se corrige sólo con discurso. La Cuarta Transformación ha colocado en el centro a las víctimas, ha reconocido la violencia de género como problema estructural y, por primera vez, el país es gobernado por una mujer. Ese dato no es menor: cambia el marco ético desde el cual se debe responder.
Pero la transformación real se mide en hechos, no en intenciones. El caso Ernestina Ascencio exige reconocimiento pleno de responsabilidad, reparación simbólica y garantías efectivas de no repetición. Exige que el Estado diga, sin rodeos, que falló y que ese fallo fue consecuencia de una lógica de poder que hoy debe ser desterrada.
La justicia tardía no devuelve la vida, pero devuelve algo indispensable: la dignidad negada. La resolución de la Corte IDH no reabre una herida cerrada; expone una herida que nunca quiso atenderse. Y coloca al Estado mexicano frente a una disyuntiva ineludible: seguir administrando el silencio o asumir que la verdad, aunque incómoda, es la única forma legítima de autoridad.
