La gobernadora Rocío Nahle García anunció esta semana, en el Palacio de Gobierno y ante alcaldes de los municipios afectados la liquidación total de la deuda bursátil que desde 2008 comprometía las participaciones federales de 199 ayuntamientos veracruzanos.
El esquema contratado hace 18 años permitió a los municipios obtener financiamiento inmediato a cambio de ceder una parte de sus participaciones federales anuales. Esa cesión se mantuvo activa durante casi dos décadas, con sobretasas que fueron reduciendo año con año el margen de maniobra de las administraciones municipales, sin importar el color del partido en turno.
El Gobierno del Estado identificó mil 85 millones de pesos inmovilizados en cuentas del fideicomiso. Esa recuperación, sumada a una aportación estatal cercana a los 500 millones de pesos, permitió extinguir la deuda por completo el 14 de julio, diez años antes de lo previsto originalmente para 2036.
A partir del siguiente mes los 199 municipios recibirán sus participaciones federales completas, sin los descuentos que arrastraban desde 2008. El estado, además, evita erogaciones futuras por alrededor de 2 mil 266 millones de pesos. Ese dinero, que durante casi veinte años sirvió para pagar una deuda contraída bajo administraciones municipales que ya no existen, queda ahora disponible para obra pública e infraestructura.
Esa disponibilidad llega en el peor momento posible para postergarla: Veracruz está en plena temporada de lluvias, con pronósticos de chubascos y tormentas aisladas en las cuencas del sur y los municipios de montaña. Este mismo espacio ha documentado cómo ríos como el Pixquiac o el Sordo llegan limpios de la parte alta y se contaminan río abajo por descargas sin tratar. El diagnóstico federal de saneamiento presentado recientemente se concentró en el Atoyac, el Lerma-Santiago y el Tula, cuencas que afectan al Estado de México y la Ciudad de México; Veracruz no forma parte de ese ejercicio, pero el referente sirve como recordatorio de que aquí la administración del agua tiene pendientes propios.
Los municipios ya no tienen el argumento financiero que durante dieciocho años justificó el aplazamiento, aunque es apenas esta semana que conocieron la liberación de los recursos, y sería poco realista esperar obra ya programada para ejercerlos de inmediato. Lo razonable en las próximas semanas es que definan y anuncien en qué proyectos de infraestructura pluvial y contención de inundaciones invertirán ese margen, para que la ejecución arranque tan pronto como el calendario de licitaciones lo permita. Un huracán no espera a que el ayuntamiento programe la obra.
La responsabilidad municipal no termina en recibir el recurso liberado. Incluye informar puntualmente a la población, sobre todo en colonias con antecedentes de inundación, sobre qué obras están en marcha, con qué presupuesto y en qué plazo. Esa información permite a los vecinos de zonas de riesgo saber si pueden confiar en la infraestructura en construcción o si necesitan prepararse por su cuenta ante la siguiente tormenta.
Veracruz cierra así un capítulo de compromisos heredados de otra época y recupera, para 199 municipios, un margen de maniobra que no tenía desde 2008. La temporada de lluvias en curso difícilmente alcanza para obra terminada en todos los frentes, pero sí es tiempo suficiente para que los municipios muestren en qué se invierte ese margen: contratos publicados, obras iniciadas, medidas visibles en las zonas de mayor riesgo. Esa primera señal es lo que la población de las colonias inundables puede exigir mientras llega la infraestructura definitiva.
