La discusión sobre el fracking en Veracruz ha regresado con fuerza, y no por casualidad. La apertura planteada por el gobierno federal ha encendido alertas ambientales en regiones donde la memoria de la actividad petrolera está asociada a daño, opacidad y abandono. Esos temores no son ideológicos ni exagerados: están anclados en experiencias concretas. Comunidades afectadas, contaminación de suelos y agua, y una industria históricamente poco regulada explican la reacción inmediata.
Sobre ese terreno se inserta lo dicho por Claudia Sheinbaum en la mañanera. Su planteamiento no niega el problema, lo delimita. La Presidenta ha sido explícita: no se trata de retomar el fracking tradicional –intensivo en agua potable y con alto uso de químicos–, sino de evaluar tecnologías nuevas que reduzcan su impacto ambiental. Entre ellas, el uso de agua no potable o reciclada y la disminución de aditivos contaminantes.
Ese matiz es central y, sin embargo, ha quedado diluido en la reacción pública. El debate se ha planteado como una disyuntiva absoluta –fracking sí o no– cuando en realidad lo que está en discusión es bajo qué condiciones técnicas, regulatorias y ambientales podría eventualmente realizarse. El señalamiento de Sheinbaum indica precisamente a eso: diferenciar entre una práctica históricamente contaminante y una posible evolución tecnológica que busca acotar sus daños. Pero reconocer ese matiz no implica desestimar las alertas.
La propia evidencia internacional y nacional muestra que el fracking, incluso con mejoras, sigue siendo una actividad de riesgo. El uso intensivo de agua, la posible filtración de químicos y los impactos en comunidades cercanas no desaparecen por decreto técnico. Ahí está el punto de equilibrio. Los temores son válidos porque la historia pesa. Pero también es necesario incorporar la precisión técnica del planteamiento oficial: no se está proponiendo replicar el modelo anterior, sino explorar alternativas bajo evaluación científica. El fondo del asunto es otro.
México enfrenta una dependencia estructural del gas importado, particularmente de Estados Unidos, que lo coloca en una posición vulnerable. La discusión sobre el fracking no es sólo ambiental: es energética. Y en ese cruce, el desafío es evitar dos simplificaciones igualmente problemáticas: negar los riesgos o ignorar la necesidad. El caso de Veracruz sintetiza esa tensión. Es territorio de explotación histórica, pero también de potencial energético. Por eso la reacción social es intensa: no parte de la teoría, sino de la experiencia.
Lo que está en juego no es sólo una técnica, sino la credibilidad de que esta vez sería distinta. En ese sentido, el debate útil no es el del rechazo automático ni el de la aceptación acrítica. Es el de las condiciones. Si se va a explorar esa vía, tendrá que hacerse con estándares verificables, regulación estricta y vigilancia independiente. De lo contrario, cualquier promesa tecnológica será percibida –con razón– como una repetición del pasado. Porque en Veracruz el problema no es la palabra fracking. Es la historia que carga. Y esa historia no se corrige con discurso, sino con garantías.
