La jerarquía católica mexicana criticó ayer a un gobierno que ha hecho en siete años lo que la Iglesia no hizo en cinco siglos: mejorar la vida material de los pobres. El reclamo sería válido si viniera de una institución coherente. Pero el obispado carga una historia que lo desautoriza: privilegios, silencios, pactos con el poder y un archivo largo de omisiones morales. Protección institucional de pederastas, por ejemplo. No son jueces: son parte del problema.
Desde la Conquista, la Iglesia bendijo la desigualdad. Poseyó tierras, cobró diezmos, justificó virreinatos abusivos y avaló haciendas donde el campesino era mano de obra cautiva. Luego apoyó a porfiristas, presidentes corruptos, militares represores y empresarios que hicieron fortuna sobre la miseria.
Ahora acusan corrupción, violencia, decadencia ética. ¿Dónde estaban cuando gobiernos enteros desaparecían personas, destruían el campo, endeudaban al país y privatizaban hasta el agua? Estaban callados, cómodos y serviciales.
Lo que irrita al obispado no es la injusticia: a esa la toleraron por siglos. Lo que realmente les molesta es que el Estado cumpla lo que ellos predicaron sin actuar. Mientras la Iglesia reparte bendiciones, el Estado entrega derechos. Mientras la Iglesia pide resignación, el Estado incrementa salarios. Mientras la Iglesia administra culpas, el Estado combate pobreza. Ese desplazamiento de poder moral es lo que los descompone: perder el monopolio de la palabra “pobre”.
Por eso repiten la retórica de las élites: “crisis moral”, “pueblo dividido”, “autoritarismo”, “datos falsos”. No hablan como pastores: hablan como guardianes del viejo orden. Les preocupa que el Estado avance donde ellos fracasaron. Les preocupa que los pobres dependan menos de la caridad y más de sus propios derechos. Les preocupa que la ciudadanía adulta reemplace al feligrés obediente.
Hablan de víctimas, pero esconden a sus propios agresores. Hablan de ética, pero ocultan archivos. Hablan de transparencia, pero viven de privilegios fiscales. Hablan de paz, pero jamás confrontaron a los gobiernos que militarizaron el país y hundieron regiones enteras en la muerte. Su moral es selectiva; su memoria, conveniente.
El país ya entendió que la justicia no llega en forma de sermón. Llega en forma de política pública. Y que la dignidad no se construye con agua bendita, sino con derechos garantizados.
El obispado puede seguir opinando —es su derecho—, pero México no tiene obligación de asumirlo como guía moral. Su historia lo exhibe: nunca estuvieron del lado del pueblo, sino del lado de quienes mandaban sobre él.
El Estado debe sostener el rumbo: laicidad firme, hechos verificables y claridad ética. La reducción de pobreza, el incremento salarial y la expansión de programas sociales hablan más fuerte que cualquier homilía.
Este país requiere instituciones responsables, no templos que juzgan desde el mármol mientras exigen lo que jamás cumplieron.
Los obispos seguirán hablando. Pero la autoridad moral no se reclama: se demuestra. Y la suya se agotó hace mucho.
México ya no se arrodilla. Construye.
