Desde el año pasado, un grupo de hombres acusados de violencia familiar y de género, unidos por su poder económico y conexiones en el ámbito político y judicial, ha formado una red que busca deslegitimar a las mujeres que los denuncian, presentándose como víctimas de extorsión. Este grupo, vinculado con figuras influyentes, ha logrado que personas como María Fernanda Turrent, esposa de Édgar González Peredo, sean encarceladas temporalmente, mientras que la abogada Ana Katiria Suárez se ha visto forzada a abandonar el país.
El éxito de este colectivo, denominado «No más presos inocentes», ha sido sorprendentemente rápido, y sus contrademandas se han resuelto con agilidad, contrastando con la lentitud con la que se procesan las denuncias de abuso, aun cuando existen pruebas claras de los daños físicos, psicológicos y económicos causados por estos agresores. En una investigación reciente publicada en La Jornada, se reveló que este grupo, descrito como un cártel de los machos, estaría buscando amedrentar a quienes intenten llevarlos ante la justicia por sus comportamientos violentos, aprovechando el apoyo de instancias corruptas dentro del sistema judicial.
Una de las figuras más destacadas en este entramado es Édgar González Peredo, cuyos lazos familiares y empresariales, incluido el poder de su padre en los medios de comunicación, han facilitado el respaldo a su defensa, que corre a cargo del despacho de José Luis Nassar Daw, hijo de un conocido criminal de la guerra sucia. La forma en que este grupo de hombres ha logrado exponer su influencia y encabezar movimientos de padres de familia, sin ocultar sus conductas violentas, es un reflejo de la impunidad con la que operan.
Recientemente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ordenó la destitución de Miguel Ángel Barrera Sánchez, fiscal encargado de delitos contra menores, a raíz de irregularidades detectadas en su gestión. Además, se revisará el proceso judicial de María Fernanda Turrent. Sin embargo, este paso aún es insuficiente para erradicar la corrupción dentro de las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia, que en ocasiones han protegido a agresores, a veces con consecuencias fatales, como en casos de feminicidio.
Este fenómeno pone en evidencia dos de las principales lacras sociales: la misoginia y la corrupción, que se entrelazan para proteger a los agresores y dificultar la lucha de las mujeres por un mundo libre de violencia de género. El poder económico, al convertirlo en poder político, ha permitido que los agresores sigan actuando con impunidad. La situación es una llamada de atención sobre lo mucho que queda por hacer para erradicar estas prácticas y garantizar justicia para las víctimas de violencia.
