El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, reconoció que más de 70 por ciento de las armas utilizadas por el crimen organizado en México son de fabricación estadounidense. Esta admisión de responsabilidad va en línea con la postura fijada por el presidente Joe Biden, quien en junio pasado admitió que el tráfico de armas resta autoridad moral a su gobierno cuando aborda con su contraparte mexicana problemáticas de interés común como el trasiego de estupefacientes (en particular, el fentanilo) hacia el norte o los asuntos relativos a la extensa frontera compartida, pues al plantearlos se le inquiere acerca de sus acciones para frenar el flujo de armamento que fortalece a los grupos criminales. Biden llevó la autocrítica al punto de inquirir en el nombre de Dios, ¿en qué nos estamos convirtiendo si no paramos el envío de armas de alto poder a México?
Tras aceptar el problema, el diplomático resaltó los supuestos esfuerzos de Washington para detener el caudal de armas que cada día cruza la frontera en dirección sur. Según dijo, en el marco de la Operación Southbound, el número de armas de fuego incautadas subió 11 por ciento hasta alcanzar 8 mil 496 de estos dispositivos. Lamentablemente, las cifras ofrecidas por Salazar reflejan lo que las autoridades mexicanas reprochan los años recientes: que sus homólogas del norte hacen poco o nada en contra de este negocio mortífero, pues las armas aseguradas representan un ínfimo 1.42 por ciento de las 597 mil que cada año ingresan al país, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En contraste, durante los primeros cuatro años del presente sexenio fueron decomisados 6 mil 273 kilogramos de fentanilo, mientras en toda la administración federal anterior sólo se incautaron 532 kilogramos de esa sustancia ilícita. Es decir, que México aumentó en mil 79 por ciento los aseguramientos de la droga involucrada en la mayor crisis de salud pública en Estados Unidos, causante de alrededor de 100 mil muertes por sobredosis al año. Washington, por su parte, no quiere o no puede hacer prácticamente nada para combatir el tráfico de armas que ocasionan decenas de miles de muertes, tanto de integrantes del crimen organizado que luchan entre sí, como de uniformados y civiles que perecen a manos de los criminales sin tener relación alguna con las actividades ilícitas.
El cambio de rumbo atañe a la Casa Blanca pero también al Capitolio, que se opone a reformar las irracionales leyes que fomentan la compra y tenencia de armas en manos de civiles. De igual modo, compete al Poder Judicial que frena cualquier iniciativa para llevar sensatez a una situación que se ha salido de control. En este sentido, debe recordarse que en octubre de 2022 un juez del tribunal distrital en Massachusetts desestimó la demanda del gobierno mexicano contra siete fabricantes y un distribuidor mayorista de armas de fuego, quienes diseñan, fabrican y comercializan instrumentos de guerra de una manera que saben que provee de manera rutinaria a los cárteles de la droga.
Los raquíticos avances para atajar el tráfico de armas por parte de Washington envían una serie de mensajes: que es más fácil o más natural interferir en asuntos de otros países que regular a sus propias empresas; que no titubea al coaccionar a otros gobiernos a que adopten su enfoque belicista en torno a los estupefacientes, al mismo tiempo que arma y equipa a los narcotraficantes y que, a sabiendas de todo ello, continúa presionando y culpando a los demás en lugar de encargarse de su parte del problema, que no sólo es el tráfico de armas de alto poder sino también la insoslayable tarea de prevención y cura de las adicciones. En tanto persistan estas contradicciones, es inevitable ser suspicaces respecto de los verdaderos objetivos detrás de la guerra contra las drogas que la Casa Blanca declaró hace medio siglo y que prosigue pese a su palmario fracaso.
