Transportistas adheridos a la Alianza Mexicana de Organizaciones y Transportistas AC (Amotac) implementaron bloqueos parciales en las principales carreteras del país para exigir a las autoridades soluciones efectivas a los problemas de inseguridad que padecen los choferes, tanto de carga como de traslado de personas. De acuerdo con el gremio, que cuenta con 315 mil afiliados a nivel nacional, en el último año los asaltos viales se han incrementado 20 por ciento, y tienen lugar con cada vez más violencia, por lo que varios conductores han perdido la vida. La protesta más amplia que han llevado a cabo hasta ahora tiene lugar porque, aducen, las mesas de trabajo sostenidas con las autoridades no han redundado en una estrategia efectiva que los incluya.
Es innegable que el robo a autotransportes muestra un recrudecimiento que pone en peligro el patrimonio y la integridad física de los choferes, además de causar pérdidas a empresas de todos tamaños que padecen la sustracción de sus mercancías. El costo de estos quebrantos se traslada al consumidor final, por lo que termina perjudicando al conjunto de la sociedad. Asimismo, ha de reconocerse que el gobierno federal asume su responsabilidad en la crisis con su disposición al diálogo y a recoger las demandas de los transportistas, sin olvidar las acciones destinadas a reducir la criminalidad de forma duradera mediante el combate a sus causas profundas, la recomposición del tejido social y el apoyo a los sectores más vulnerables de la población.
En apariencia, la reducción de los asaltos a mano armada contra transportistas podría lograrse con una medida simple como aumentar el número de elementos y vehículos que patrullan las autovías, pero esta mirada omite tanto la imposibilidad logística de vigilar de manera permanente los 176 mil kilómetros de carreteras que integran la red vial mexicana (sin contar caminos rurales, veredas, ni vialidades urbanas) como las extensas redes de complicidad que posibilitan y protegen este ilícito. A semejanza de lo que ocurre con fenómenos tan nocivos como el robo de combustibles, en muchos casos los delincuentes disponen de apoyos dentro de las comunidades, sin los cuales no podrían efectuar sus golpes ni ocultar grandes volúmenes de mercancía mal habida. En este sentido, parece claro que la principal manera de combatir el robo a transportistas consiste en el despliegue de mecanismos de inteligencia que permitan rastrear las mercancías hurtadas y evitar que lleguen a los mercados. Es obvio que este delito no consiste únicamente en el asalto de tráileres y camiones, sino también de colocar los productos robados en puntos de venta y obtener ganancias con ellos, por lo que el objetivo de las autoridades deben ser las estructuras de comercialización de los bienes. A la vez, el desmantelamiento de dichos sistemas precisa de una lucha sin cuartel contra la corrupción y la normalización de las conductas delictivas por un sector de la ciudadanía.
En lo inmediato, es urgente retomar el diálogo entre los afectados y las autoridades con el fin de terminar con los bloqueos carreteros, una forma de protesta comprensible en las condiciones presentes, pero que impacta de forma negativa a millones de personas que no tienen ninguna culpa en el asunto. Los medios de comunicación pueden contribuir a la construcción de un clima de entendimiento evitando la distorsión de los hechos y el amarillismo, prácticas que no ayudan en nada a los transportistas y que pueden socavar la necesaria cooperación entre gobierno y profesionales del volante.
