Lorenzo León Diez
Dos cosas: las declaraciones del diputado federal y exdirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar –una– y otra: una corrección a los que colocan al filósofo vienés Karl Popper (1902-1994) entre las filas de los libertarios o neoliberales, pues su pensamiento político es traído a cuento –tergiversado– por personajes que militan (o militaban como Mario Vargas Llosa) en contra de un control estatal o institucional en la economía.
Ante los escándalos de corrupción que nos envuelven todo el día y a toda hora, celebramos la voz crítica de Ramírez Cuellar, quien planteó en Tijuana, ante empresarios del ramo de la construcción (La Jornada, 4 octubre 2025), que “ante los señalamientos de corrupción contra determinados actores políticos de Morena no es una condena moral lo que se requiere, sino una transformación mucho más radical de instituciones que nos pongan contrapesos, que atenúen y vigilen nuestra conducta. No queremos ser no héroes ni heroínas de nada, sino gente que actúe con decencia política. Son los legisladores y gobiernos emanados de Morena quienes tienen que reformar las instituciones en materia de anticorrupción porque el sistema político mexicano requiere una sacudida, de una reconstrucción. Las reformas que se realizan (la no relección, la lucha contra el nepotismo electoral y la supresión y erradicación del fuero) son clave para evitar el predominio de castas que se eternizan en las labores legislativas o de gobierno. Y deben venir más reformas: un nuevo sistema de auditorías, de fiscalización del dinero público, y del Congreso”.
Hace ya muchos años, cuando Popper escribió La sociedad abierta y sus enemigos (1943), planteó: “El principio de la no intervención del Estado y del sistema económico sin trabas (conocido hoy como neoliberalismo) debe ser abandonado; si queremos la libertad de ser salvaguardados, entonces debemos exigir que la política de la libertad económica ilimitada sea sustituida por la intervención reguladora del Estado. El poder político es fundamental y puede controlar el poder económico, así como desarrollar un programa político racional para la protección de los económicamente débiles. El poder político constituye la llave de la protección económica. No debemos permitir que el poder económico domine al poder político; y si es necesario, deberá combatírselo hasta ponerlo bajo el control del poder político. Es necesario hacer comprender que la democracia, el derecho del pueblo a juzgar y expulsar del poder a sus gobernantes, es el único medio conocido para tratar de protegernos del empleo incorrecto del poder político, su esencia consiste en el control de los gobernantes por parte de los gobernados. ¿Cómo debemos sujetar a quienes gobiernan? El establecimiento de instituciones para el control democrático de los gobernantes es la única garantía de la eliminación de la explotación”.
