(El Informe McBride)
En su redacción, el informe McBride, promovido por la UNESCO en los primeros años de la década de los 70, destaca una problemática que se acrecentaba en los medios periodísticos, sobre todo en su distanciamiento de la función educativa y la divulgación de la cultura y la información veraz. Quizá por ello recarga sus recomendaciones en la función que los Estados nacionales deberían cumplir para blindarlos con un enfoque humanista y de derechos humanos: por el papel sustantivo en la defensa de la divulgación de la cultura y la información verídica de los hechos y acontecimientos de ocurrencia local, nacional o mundial.
Los redactores del informe, intelectuales de diferentes países, centrados en la protección y proyección que el Estado les debe dar a los medios —sobre todo a los escritos cotidianos—, elaboraron el diagnóstico, las conclusiones y recomendaciones del informe, presuponiendo ingenuamente que los gobiernos nacionales podrían cumplir con un deber político, moral y solidario en su actuación. Estos van a responder “a modo” en cuanto a lo financiero, pero no necesariamente en el respeto a la autonomía, la libertad de expresión y en la orientación de la información que desde ellos circula hacia los diferentes públicos a que se deben.
De esta manera se verá cómo el financiamiento de la prensa se convierte en un aliado del ocultamiento y la desviación interpretativa de acontecimientos que los Estados nacionales prefieren no divulgar o hacerlo con sesgos de exégesis, para posicionar a los gobiernos en turno y el descrédito del contrario y de todo aquel que cuestiona su actuación. Ahí se visibilizarán con claridad los síntomas destacados de corrupción ya detectados por los diferentes públicos, pero ahora diseminados con mayor descaro y plenitud.
La prensa así se instala como un “cuarto poder”, con capacidad para desacreditar e incluso contribuir al dislocamiento y caída de gobiernos no sintonizados con las políticas imperialistas y el conservadurismo nacional. Los medios que buscan espacios de independencia estatal son desprotegidos financieramente y abandonados a una suerte que depende de su prestigio entre los públicos que constituyen al “buen lector” y celebran la escritura de sus colaboradores.
En este contexto, sumariamente mencionado, el informe y su propósito serán ignorados, sobre todo porque, con la embestida del neoliberalismo económico —que toma como caballito de batalla a la OCDE—, se reorientan las políticas que se instalan desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y que posicionan a los corporativos por encima de los gobiernos y sus políticas educativas de formación ciudadana y profesionalización.
La prensa perderá el sentido humanista y educativo para formar parte de un proyecto educativo internacionalista economicista, para iniciar un recorrido histórico ahora configurado por los intereses neoliberales de los corporativos y de la industria instalada en una región o país estratégico, de un imperialismo de dominación y control político-económico focalizado.
Pero hay un objetivo aún más perverso en todo esto y que el informe pretendía suprimir: el emprendimiento generalizado del deterioro de la verdad como valor sustantivo, como objeto y propósito de los medios escritos, e instalar versiones cómodas a los Estados y del empresariado proimperialista, promotor de la opinión liberal, cada vez más ajena al criterio de verdad.
En América Latina, junto con la instalación de un imperialismo liderado por los Estados Unidos a través de estrategias centradas en la violencia, se despliega un liberalismo como el que hoy vivimos, una libertad de consumo donde el control del pensamiento desde el “mí mismo” se desarrolla con tecnologías de control con una perspectiva global y consensuada por la mayoría de los países del mundo.
La dominancia de la “cultura de la pantalla” se expande por todos lados como medio difusor de nuevas tecnologías de control del pensamiento, sin necesidad de ejercer violencia física, y alcanza territorios insospechados a finales del siglo XX, mientras la telefonía celular se instala como “objeto transicional” (D. Winnicott) colectivo y que hoy, con el desarrollo empresarial de una inteligencia artificial, cerrará un circuito ideal para ejercer un poder hegemónico en todas las regiones del planeta.
Así, la difusión del espectáculo —en el sentido más vulgar del término— servirá como dispositivo para la destitución y sustitución de la verdad, asegurando la construcción y relevancia de la opinión descontextualizada y arbitraria, ajena a toda lógica de lectura de realidades… el liberalismo burgués al fin encuentra sus espacios ideales para desplegarse sin compromiso moral y ético de por medio. Un ejemplo extremo es el que hoy nos ofrece Donald Trump, como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.
¿Y la radio? Parece que esta sigue una trayectoria similar desde la relevancia cada vez más desarticulada de la escucha y la emisión de verdades contingentes. Su influencia y desacreditación como dispositivo de información y difusión de la cultura no son ajenas al deterioro, sobre todo por la indiferencia que los Estados muestran en cuanto a su apoyo y valor comunicativo y educacional. Al igual que todos los medios, esta va a ponerse al servicio de intereses mezquinos, aprovechando que las radiodifusoras, desde sus inicios, se consolidan como empresas privadas de la industria informativa de la posguerra mundial de los años 40 del siglo XX, sobre todo con la redistribución geopolítica del mundo, que ofrece nuevas expectativas a la modernización capitalista imperial del planeta.
De este modo, con una hegemonía económica donde las hermenéuticas, base de la opinión, están instaladas desde un imperialismo capitalista global, hoy vivimos un mundo donde son pequeños los filones de resistencia a la embestida: la prensa independiente, que prácticamente ha desaparecido de los espacios públicos de promoción, difusión y divulgación de la verdad; la televisión y las redes sociales visuales, que salvo sus limitadas exploraciones y excepciones, se sostienen en la veracidad como su propósito fundamental, intentando desmarcarse del Estado y los corporativos multinacionales; y la radio, que desde su origen fue avasallada por los medios visuales y que aún logra sustraerse de las inercias de acaparamiento y control empresarial a través de lo que hoy conocemos como estaciones de radio comunitaria, ubicadas territorialmente y de alcances limitados a regiones precisas, que responden a lógicas solidarias y al servicio de intereses y necesidades de un público interesado en sostenerse en la búsqueda de verdades —aun cuando estas sean contingentes—.
Son estos los relictos comunicativos a los que quiero referirme cuando invito a su defensa y aseguramiento, ante las embestidas a que desde los Estados o desde las empresas y corporativos se ven sometidos y que ofrecen una resistencia más determinante a ser copados, con el propósito de que abandonen una ética fundada en la solidaridad, la cooperación y la ayuda mutua, soportes de su independencia y autonomía en la vinculación con un público deseoso de veracidad y pertinencia en su programación, generalmente desmarcada de intereses mercantiles.
Hoy, las instituciones privadas, engranadas con gobernanzas promotoras de políticas públicas hegemónicas, están dispuestas a cancelar estos espacios, sobre todo por su muestra de autonomía y defensa de los intereses de sus públicos regionales, de las verdades y narrativas que destacan las condiciones de persecución y violencia a todo intento autonómico de organización social y económica.
Aquí dejo abierto ya el tema, contextualizado al vuelo y seguramente con tropiezos, pero que invita a la reflexión y al compromiso solidario con estos esfuerzos aún existentes en el mundo y particularmente en México y Veracruz.
Veracruz no es la excepción en promover esa cultura de la cancelación y sus instituciones dan cuenta de ello. En la próxima colaboración destacaremos algunas acciones que ya se realizan para actuar en defensa de estos embates.
