México SA

Carlos Fernández-Vega

Periódico La Jornada

Dice el eslogan que la justicia es “ciega”, actúa con “rigurosa igualdad”, no distingue estratos sociales y utiliza su gran espada para castigar a los malosos. Eso pregona, pero más allá de la propaganda barata lo cierto es que en México el costosísimo aparato de “impartición de justicia” está plagado de rufianes y la supuesta venda que cubre sus caras –sinónimo de “imparcialidad”– en realidad no es más que un antifaz de bandido.

Lo anterior sale a colación por la tremenda exhibida que recibió el Poder Judicial de la Federación, en una tétrica historia encabezada por un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Luis María Aguilar Morales) y aderezada con las sucias prácticas de jueces y magistrados, quienes arropan a todo tipo de delincuentes, comenzando con los de cuello blanco, para lo cual utilizan una espada en forma de cuenta bancaria.

Así lo denunció el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio; “se presenta el avance de ‘Cero Impunidad’. Tenemos cinco casos de jueces con denuncia penal y/o queja ante el Consejo de la Judicatura Federal; ocho casos de jueces cuyas resoluciones fueron impugnadas por el Ministerio Público y algunas resueltas favorablemente por el tribunal de alzada; ocho casos de magistrados y jueces que ante la comisión de delitos graves se oponen a la aplicación de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar; y, por último, el caso del secuestro, tortura y asesinato del hijo de Javier Sicilia” (el juez Ernesto Vladimir Tavera Villegas absolvió y liberó a seis presuntos secuestradores y homicidas).

Por si fuera poco, el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina Padilla, denunció tres casos “donde el actuar de los jueces o magistrados del Poder Judicial han evitado el avance de los juicios o procesos penales, generando retraso en la impartición de justicia y, por tanto, impunidad. Se trata de asuntos de grandes contribuyentes que han afectado la posibilidad de financiar programas de Bienestar y obras de infraestructura por alrededor de 80 mil millones de pesos, lo cual equivale, por dar algunos datos, al presupuesto de Jóvenes Construyendo el Futuro durante tres años y medio, o aumentar 25 por ciento el apoyo a todos los beneficiarios de la pensión de adultos mayores. Si este puñado de personas pagara lo que corresponde, mejorarían los programas sociales y tendríamos más obra pública”.

En el centro de esta denuncia aparece el ministro calderonista Luis María Aguilar Morales; “una empresa de gran tamaño con presencia nacional (léase Elektra, del impresentable Ricardo Salinas Pliego) fue fiscalizada durante 2010, 2011 y 2013 y se encontró que dejó de pagar impuestos por más de 25 mil millones de pesos. Abusando de su gran estructura corporativa, ha operado diversas estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de la sentencia que lo obligue al pago de impuestos”.

Pero más allá de su “gran estructura” y su poder de conven$imiento, lo cierto es que sin la “amiga” intervención del citado ministro, Salinas Pliego no podría evadir el pago de impuestos. Resulta que este “impartidor de justicia” ejerció la facultad de atracción para “atender” personalmente el litigio y disponer del expediente de la empresa que adeuda al fisco 25 mil millones de pesos. Con él en la mano, simple y llanamente lo echó a su congeladora personal. Ocho meses después, esos dineros de la nación no se han recuperado por decisión del togado.

Dado lo anterior, la Procuraduría Fiscal de la Federación presentará una queja en contra del ministro Aguilar Morales por su descarada protección a un particular, en este caso –que no debe ser el único– Ricardo Salinas Pliego, “un estilo de actuación selectiva, dirigida y controlada en la administración de justicia que debe erradicarse de nuestra nación para beneficio de todos los mexicanos” (Medina Padilla dixit).

Ocho larguísimo meses y el ministro Aguilar Morales no mueve un dedo, pero en menos de cinco días amparó a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, para no distribuir los libros de texto gratuitos, y en otros tres, para lo mismo, al mandatario priísta de Coahuila, Miguel Riquelme.

“¿Para quién trabaja el ministro”?, pregunta el presidente López Obrador. La respuesta es más que obvia.

Las rebanadas del pastel

Cerca de 25 millones de estudiantes de educación básica quedarían sin libros de texto gratuitos por el oscurantismo de la Unión Nacional de Padres de Familia y la “mano amiga” del Poder Judicial de la Federación.

Twitter: @cafevega