México SA
Carlos Fernández-Vega
Periódico La Jornada
En el cuento de nunca acabar, con vieja o nueva jerarquía, la burocracia electoral otra vez pide el oro y el moro para llevar a cabo los comicios de 2024, amén de que los partidos políticos participantes sólo estiran la mano para recibir su jugosa rebanada de recursos públicos. Año tras año –más si se trata de un año de comicios presidenciales– la reiterada justificación del aparato encargado del proceso es que la democracia en México “es cara” y hay que pagar por ella.
Sólo para contextualizar qué tan “cara” es la democracia que cada vez resulta más “cara”, vale mencionar que en el transcurso del presente siglo de las arcas públicas han salido más de 312 mil millones de pesos (si se incluye la pretensión presupuestal para 2024 ese monto supera los 340 mil millones) sólo para atender las peticiones del Instituto Federal Electoral/ Instituto Nacional Electoral (IFE e INE, respetivamente).
Aparte, hay que contabilizar el financiamiento público a partidos políticos y los recursos asignados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (antes Fepade, ahora Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, Fisel), que entre 2000 y 2018 sumaron poco más de 70 mil millones de pesos para los primeros, 34 mil millones para el segundo y alrededor de 2 mil 100 para la tercera. En suma, 106 mil millones sólo en ese periodo. Y esa catarata de recursos parece no ser suficiente –según las instituciones “vigilantes” de los procesos electorales– para detectar, denunciar y proceder judicialmente en contra de fraudes, compra masiva de votos, tarjetas tipo Monex, etcétera, etcétera.
En el transcurso del presente sexenio, el INE acumula un presupuesto –sólo para él– que ronda 100 mil millones de pesos, monto al que se sumarían los casi 28 mil millones que ese instituto solicita para 2024, y como sucede año tras año los consejeros no pierden oportunidad para presumir que se trata de un “ejercicio presupuestal austero”. Acabáramos.
Así, para el proceso electoral 2024 el presupuesto previsto por el INE (que debe ser autorizado por la Cámara de Diputados) asciende a 27 mil 757 millones de pesos (sin considerar partidos políticos, TEPJF ni Fisel), y de acuerdo con los consejeros electorales “sólo” implicaría un aumento cercano a 11 por ciento comparado con el de 2018, también de elección presidencial (desde luego, al monto estimado para el próximo año hay que agregar el financiamiento público a partidos políticos, TEPJF y Fisel, lo que arrojaría un total de totales cercano a 38 mil millones).
Ese es el balance que lleva al presidente López Obrador a subrayar el elevadísimo costo electoral en México, el segundo más caro del mundo (sólo después del estadunidense) con un presupuesto multimillonario y creciente. “Es mucho y podría ahorrarse, alrededor de 10 mil millones de pesos”, según sus cálculos (tomando como referencia el presupuesto del INE para 2023), dineros que debían destinarse a subsanar las “muchas carencias y necesidades” que tiene el país.
El mandatario considera que el presupuesto designado al INE (como el canalizado a partidos políticos, TEPJF y Fisel) debería revisarse a la baja, aunque subrayó que esa tarea “corresponde a la Cámara de Diputados. Nosotros estamos planteando en la iniciativa de reforma, que rechazaron en el Congreso, una disminución del presupuesto. Lo vamos a volver a plantear, porque antes de que yo termine voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución en lo electoral. También, una iniciativa de reforma para que jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo. Y tengo dos o tres iniciativas también pendientes que tienen que ver con lo social, pero en su momento”.
Entonces, como sucede cada año, inicia el jaloneo por la olla de oro (no necesariamente al final del arcoíris) que representa esa democracia cada día más cara, comenzando por quienes organizan, “vigilan”, califican y participan en la siempre redituable contienda electoral.
Las rebanadas del pastel
Mientras Marcelo Ebrard sigue mostrando lo que mamó de Manuel Camacho Solís, en el Frente Amplio por México no pierden oportunidad de enseñar el cobre: a partir de ya, Francisco García Cabeza de Vaca, coleccionista de denuncias por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y corrupción, fue designado ¡¡¡coordinador en materia de seguridad!!! Sólo falta que Vicente Fox sea su coordinador de cultura. De plano, ni la burla perdonan. De paso, le dieron vuelo a El Principito.
Twitter: @cafevega
