México SA
Carlos Fernández-Vega
Periódico La Jornada
Fuera del esquema neoliberal de exprimir a la nación con fines particulares, los autodenominados “grandes empresarios” del país no tienen la menor de idea de cómo hacer negocios de forma legal ni de sacar adelante sus respectivos consorcios de forma lícita si no es mediante el aporte de dinero público. Fraudes por aquí, evasión fiscal por allá y enjuagues de toda naturaleza por acullá les permitieron acumular fortunas de ensueño, obviamente en connivencia con el poder político.
Es el caso de Alonso Ancira, uno de los oligarcas salinistas que espectacularmente incrementó sus haberes, siempre a costillas de la nación, y se acostumbró, sin consecuencia alguna, a cometer cualquier cantidad de raterías en beneficio personal. La fraudulenta venta de Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (en la que participó Emilio Lozoya Austin) sólo es un botón de muestra de cómo se las gastaba este oscuro personaje, pero, ya sin el “apoyo” del erario, su empresa insignia, Altos Hornos de México (AHMSA), echa chispas por doquier. Ancira, como otros “grandes empresarios”, ya no se beneficia de la devolución de impuestos ni de su tradicional evasión al fisco; no recibe “subsidios” ni es “rescatado” con recursos de la nación, y ahora demuestra su verdadera habilidad como magnate; es decir, no sabe qué hacer ni cómo reflotar su empresa insignia sin estar prendido a la ubre del erario.
En la mañanera del pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador develó la “situación de insolvencia –no quiero usar la palabra quiebra– de AHMSA, con deudas en el SAT, Pemex, la CFE, el IMSS, y no hemos solicitado que se paguen todas ellas, porque está de por medio la fuente de trabajo (alrededor de 19 mil) y la importancia que tiene esta planta en Monclova; pero nos piden rescate y eso no lo podemos hacer; lo que nosotros estamos recomendando es que entren nuevos socios, que inviertan y no se arruine esa empresa”.
Pues bien, de acuerdo con información de la propia empresa en cuestión, al cierre de septiembre pasado “los pasivos circulantes (30 mil 414 millones de pesos) exceden los activos circulantes” (27 mil 571 millones), con lo que la quiebra técnica está garantizada. AHMSA “tiene un déficit en su capital contable, lo que de acuerdo con la Ley de Sociedades Mercantiles podría ser causa de disolución de la entidad a solicitud de algún tercero interesado. Estos hechos indican la existencia de una incertidumbre material que genera dudas significativas sobre la capacidad de la compañía para continuar como negocio en marcha”.
El corporativo confirma lo dicho por López Obrador, pues asume el “significativo atraso en el cumplimiento de sus obligaciones a corto plazo, principalmente en el pago a proveedores, acreedores financieros, impuestos, derechos y contribuciones de seguridad social”, al tiempo que atribuye su precaria situación financiera a “la inestabilidad en los precios internacionales del acero en los últimos años y el aumento acelerado de costos de materias primas, la falta de inversiones y mantenimiento en la planta industrial de la compañía y sus minas de fierro y carbón, ocasionando a su vez una reducción significativa en la producción de acero, por lo que los resultados de operación y el flujo de efectivo se han visto afectados, generando significativo atraso en el cumplimiento de sus obligaciones a corto plazo”.
Ese es el panorama de un corporativo privatizado en 1991 por Salinas de Gortari a favor de un par de empresarios (Alonso Ancira y Xavier Autrey, éste con amplia experiencia… en el negocio farmacéutico) que se apropiaron de AHMSA y de pasadita de 13 paraestatales más. Prácticamente se las regalaron: se supone que pagaron 145 millones de dólares, pero a la hora de la privatización el gobierno mexicano asumió pasivos por 2 mil 500 millones de dólares. Negocio redondo, pero no para los mexicanos. Por aquellos tiempos, los tecnócratas pregonaban como verdad absoluta que “la empresa privada es más eficiente que la pública”, y Ancira y AHMSA son prueba fehacientes de esa falacia. Lo cierto es que hoy el consorcio adeuda hasta la camisa, registra quiebra técnica y están en juego 19 mil empleos.
Las rebanadas del pastel
Cínicos hasta el tuétano, en el caso del cártel inmobiliario y su cabeza visible (el prófugo de la justicia Christian von Roehrich) los panistas pregonan: “si tocan a uno nos tocan a todos”, y acusan al gobierno capitalino de “persecución política”. ¡Claro!, una “persecución política” no menor a 7 mil millones de pesos. Qué cara más dura.
