Pocas semanas atrás, la prensa especializada británica se regocijó por un hecho casi inadvertido: la modernización de la pista de aterrizaje de las Islas Malvinas, valorada en 26 millones de dólares, se completó antes del plazo preestablecido.
La estación se ubica en Mount Pleasant, un nombre indisolublemente ligado a la historia y a la guerra de Malvinas de 1982. No sólo resulta fundamental para la Real Fuerza Aérea británica (RAF), sino que también cumple importantes funciones para la OTAN en la vigilancia y el control de una región cada vez más estratégica como el Atlántico Sur.
La base, que en mayo cumplirá cuarenta años, no sólo refuerza la ocupación inglesa de las Malvinas contra Argentina, sino que también provee recursos logísticos para la explotación de las enormes reservas petroleras de la región y para la pesca de una amplia variedad de especies marítimas. Además, sirve como un punto estratégico en el sur del continente americano y como puerta de entrada al territorio antártico en una etapa de competencia creciente entre naciones por explorar el rico subsuelo polar.
La adecuación del aeródromo de Mount Pleasant se enmarca dentro de un proceso de rearme en la zona y en la mayor inversión en defensa que está llevando adelante el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer. En gran medida, esto responde a la presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos en esta nueva era Trump.
La nueva agenda de seguridad británica busca aumentar su presencia militar global mediante el fortalecimiento de los lazos políticos con Estados Unidos y un consecuente incremento del gasto en defensa. Se trata de un intento de reconstrucción imperial sustentado en nostalgia y codicia, pero ya en pleno siglo XXI.
Para reforzar su estrategia militar, en febrero pasado Starmer anunció un gasto adicional de cerca de 8 mil millones de dólares anuales a partir de 2027, financiado mediante recortes directos a la educación pública, la sanidad y, especialmente, los subsidios por discapacidad. Alejado de la histórica postura laborista sobre la asistencia social, el mandatario británico busca posicionarse como un socio menor —o un lugarteniente— de Donald Trump.
Si bien la defensa de Ucrania es una prioridad, especialmente tras el acercamiento de Estados Unidos a Rusia, el Reino Unido aspira a construir una fuerza de respuesta global capaz de desplegarse en cualquier lugar. Así lo establece el documento oficial de estrategia militar Defence’s response to a more contested and volatile world, publicado por el gobierno británico en 2023.
Para la próxima década, Londres planea invertir más de 150 mil millones de dólares para actuar en cualquier punto donde perciba una amenaza a objetivos británicos o un intento de apropiación de ubicaciones estratégicas.
Hoy, sin embargo, el mayor temor del Reino Unido no es una potencia contrahegemónica, sino el propio Donald Trump. En nombre de la «seguridad nacional» y motivado por las incalculables riquezas del Atlántico Sur y la Antártida, el republicano podría decidir incrementar la presencia estadounidense en la región, desplazando o forzando a Londres a compartir lo que hasta ahora ambicionaba en solitario.
El gobierno de Starmer ha tomado nota de los cambios en la política exterior de Estados Unidos desde la asunción de Trump. Si bien no sorprendió la falta de apoyo a Ucrania, el diálogo renovado con Rusia y el relegamiento de Europa, preocupa la posible extinción gradual de la OTAN por falta de presupuesto y liderazgo.
Sin embargo, dos decisiones del republicano impactaron especialmente en la administración laborista.
Por un lado, la falta de apoyo militar y financiero de Washington para sostener un ejército predominantemente europeo en Ucrania. Por otro, el respaldo de la Casa Blanca a la resolución de 2019 de la Corte Internacional de Justicia, que obliga al Reino Unido a devolver el archipiélago de Chagos a Mauricio y asumir el pago de indemnizaciones y un arriendo anual para seguir ocupando la base Diego García, coadministrada con Estados Unidos en el Índico Sur.
Este último antecedente inquieta a Londres, ya que podría generar un efecto espejo sobre la ocupación ilegal de las Malvinas y la negativa británica a reconocer la soberanía argentina sobre las islas.
Para el Reino Unido, el interés de Estados Unidos por el Atlántico Sur se evidenció incluso antes del 20 de enero, cuando Trump reclamó el control del canal de Panamá para su país. De no prosperar esta iniciativa, podría revitalizarse la importancia geopolítica del Pasaje de Drake, un corredor bioceánico estrechamente vinculado a las Malvinas.
En este contexto, se abre una ventana para que Argentina impulse el debate sobre su soberanía en el Atlántico Sur. No obstante, es probable que el gobierno de Javier Milei desaproveche la oportunidad con tal de no incomodar a sus aliados y evitar una supuesta mala imagen a nivel internacional. La creencia de que abandonar la causa Malvinas beneficiará la política exterior argentina es, en el mejor de los casos, una ilusión sin fundamento.
Artículo publicado el 20 de marzo de 2025 en pagina12.com.ar
