En la vida pública mexicana hay organizaciones cuya historia explica por sí sola el funcionamiento del antiguo régimen. Antorcha Campesina es una de ellas. Surgida en los años 70, su crecimiento real no ocurrió en el origen sino en un momento político muy preciso: el proceso electoral de 1988 y la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari.
No es un detalle menor. En aquel contexto de crisis de legitimidad del sistema político, el PRI necesitaba recomponer su base territorial de control y movilización. Salinas llegó al poder con el discurso de modernizar el régimen y enfrentar los viejos mecanismos del corporativismo priísta que habían dominado durante décadas. Golpeó algunas de esas estructuras, debilitó otras y trató de reorganizar el equilibrio interno del sistema político. Pero el corporativismo no desapareció. Se reacomodó.
Para esa reorganización el salinismo impulsó nuevos actores y reconfiguró otros. La figura de Elba Esther Gordillo dentro del sindicalismo magisterial fue parte de ese intento de control político renovado. El experimento terminó fracasando décadas después, cuando el poder sindical acumulado por esa estructura terminó chocando con el propio Estado. Paralelamente, otras organizaciones comenzaron a crecer bajo la lógica de intermediación social y movilización política. Antorcha Campesina fue una de ellas.
Fue en ese contexto cuando el movimiento antorchista despegó con claridad. Integrado abiertamente al aparato priísta, se convirtió en una estructura capaz de movilizar contingentes, disciplinar bases sociales y convertir demandas legítimas de comunidades pobres en fuerza política organizada. Con el tiempo se transformó en uno de los instrumentos territoriales más eficaces del viejo corporativismo político.
Durante decenios el método fue prácticamente el mismo. Marchas, plantones, bloqueos y movilizaciones masivas para presionar a autoridades municipales, estatales o federales. Las demandas podían ser reales –vivienda, servicios, regularización de tierras–, pero el mecanismo era siempre político: presión pública seguida de negociación con el poder. En ese esquema, la organización funcionaba como intermediaria obligada entre los ciudadanos y el Estado.
El resultado fue un modelo profundamente distorsionado de representación social. En lugar de comunidades organizadas que dialogaran directamente con las instituciones, surgieron intermediarios políticos que acumulaban poder a partir de la capacidad de movilizar contingentes. El beneficio no siempre era colectivo. Con frecuencia se traducía en recursos canalizados de manera discrecional, posiciones políticas o privilegios para las dirigencias.
Antorcha Campesina se convirtió así en uno de los símbolos persistentes del viejo sistema corporativo del PRI: una estructura que convertía la presión social en moneda de negociación política.
Durante años ese mecanismo fue tolerado porque era funcional al régimen. Permitía administrar el descontento, canalizar demandas y al mismo tiempo fortalecer redes de lealtad política. El cambio político de los últimos años alteró ese equilibrio. El nuevo régimen ha modificado la relación entre el Estado y las organizaciones intermedias. La expansión de programas sociales directos –entregados sin mediación política– ha reducido el espacio que durante décadas ocuparon estructuras corporativas que operaban como intermediarias entre los ciudadanos y el gobierno.
Pero cuando el Estado elimina las intermediaciones corporativas que durante décadas mediatizaron la relación entre ciudadanos y gobierno, el papel de esas organizaciones se vuelve inevitablemente incierto. El modelo sobre el que construyeron su poder pierde sentido.
En ese nuevo escenario, el movimiento antorchista enfrenta una paradoja evidente. Durante años acumuló influencia política gracias a su capacidad de intermediar demandas sociales ante el poder público. Sin embargo, cuando la política social cambia y busca prescindir de esas mediaciones, las organizaciones construidas sobre ese esquema quedan obligadas a redefinir su función o a intentar sobrevivir mediante las mismas prácticas de presión que las hicieron crecer.
Por eso resulta inevitable recordar ese historial cuando hoy aparecen nuevas solicitudes provenientes de la misma organización. En esta ocasión, el motivo parece menor: apoyo para asistir a un evento deportivo. Pero el asunto no es el deporte. El asunto es la memoria política.
Porque detrás de cada petición pública de una organización con ese pasado se encuentra una larga historia de presiones, negociaciones y concesiones obtenidas bajo la lógica del corporativismo político. Una lógica que durante décadas convirtió a los sectores populares en instrumentos de disputa entre grupos de poder.
México ha pasado demasiado tiempo intentando desmontar ese modelo. Un país que busca construir instituciones más transparentes no puede olvidar cómo operaron durante años las estructuras que crecieron bajo la sombra del viejo régimen. Antorcha Campesina es parte de esa historia.
