Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum aseguraba ayer que la inauguración del Mundial 2026 transcurrirá sin enfrentamientos y que las negociaciones con la CNTE avanzan, dos operaciones simultáneas completaban el cuadro de lo que ocurre realmente en México esta semana. Conviene verlas juntas porque no son episodios distintos. Son una estrategia.
La primera es conocida: la CNTE presiona con movilizaciones, el gobierno responde con vallas en el Zócalo y sus alrededores para evitar el contacto entre maestros y probables provocadores infiltrados, y la presidenta reitera que no habrá represión pero tampoco el aumento salarial que el sindicato exige. Visto desde fuera del discurso gremial, el mecanismo es un chantaje: movilización masiva en vísperas del evento internacional más visible del año para arrancar una concesión que el gobierno ha dicho que no puede dar. La lógica no es nueva. La eficacia tampoco.
La segunda operación es más sofisticada y más reveladora. El diario Los Ángeles Times publicó esta semana que el gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, ambos de Morena, por presuntos vínculos con el crimen organizado, y que les habrían retirado las visas. Sheinbaum cuestionó de inmediato la filtración: no la información en sí, sino su intención. ¿Por qué filtrarlo ahora, por qué hacerlo público, qué se busca instalar en la opinión pública? La narrativa de narcopartido y narcogobierno no es nueva —la presidenta señaló que la traen desde 2024— y su circulación en medios estadounidenses no ocurre en el vacío.
Ocurre en el contexto preciso de la American Society of Mexico, fundada en 1942 por el embajador George S. Messersmith en un México donde la disputa ideológica de la Segunda Guerra Mundial se libraba también en las calles: espías nazis, redes pronazis y nacionalistas que veían en la Alemania fascista un contrapeso al expansionismo norteamericano. La AmSoc nació como instrumento de influencia de la embajada —todos los embajadores de Estados Unidos han sido sus presidentes honorarios desde entonces— y opera con esa misma lógica 83 años después. Esta semana celebró una gala copatrocinada por Ricardo Salinas Pliego con el PRI y el PAN como invitados de honor: Alejandro Moreno, Jorge Romero, Kenia López Rabadán, Rubén Moreira, Ricardo Anaya, Lilly Téllez y Rosario Robles. La propuesta central fue crear un Tratado de Lucha Contra el Crimen —un TLCC— que establecería cooperación bilateral en seguridad. Traducido sin eufemismos: una puerta para legitimar la injerencia estadounidense en asuntos de soberanía mexicana.
La presencia de Salinas Pliego no es circunstancial. Su grupo financia el Centro Ricardo B. Salinas Pliego, socio formal de Atlas Network, organización de derecha con sede en Washington cuya misión declarada es revertir el giro progresista en América Latina. La red conecta financiamiento, producción de contenidos y articulación política en un circuito cuyo objetivo es definir el rumbo de los gobiernos de la región. Lula da Silva y Gustavo Petro han enfrentado operaciones idénticas: campañas mediáticas transnacionales, oposición interna articulada con actores externos, narrativas de corrupción difundidas desde medios con credibilidad internacional. El objetivo nunca es probar nada en un tribunal. Es instalar una atmósfera en que la desestabilización parece legítima y la intervención externa parece necesaria.
Lo que esta semana exhibe es la pinza completa: presión en las calles con la CNTE, presión mediática transnacional con Los Ángeles Times, y articulación abierta entre la oposición mexicana, Salinas Pliego y operadores republicanos estadounidenses. No es conspiración: es política de largo aliento con actores, financiamiento y objetivos identificables. Actúa contra el interés nacional y merece ser llamada por su nombre. La soberanía no se defiende solo en el discurso. Se defiende también nombrando con precisión a quienes trabajan para erosionarla.
