Veracruz, Ver.- La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y organizaciones civiles recriminaron que el Gobierno de México insista en avanzar con la ampliación del puerto de Veracruz.
El 23 de julio, durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, informó que en septiembre comenzaría la construcción de la escollera sur, la cual tendría una longitud superior a los tres kilómetros, actualmente en proceso de licitación.
De acuerdo con las organizaciones, el proyecto implica un riesgo para los ecosistemas costeros y marinos, en particular para el Sistema Arrecifal Veracruzano como La Gallega, además de manglares y especies marinas. También advirtieron sobre la falta de información relacionada con los sitios de extracción de piedra para la obra y la posibilidad de que se usen áreas naturales protegidas como bancos de materiales.
En marzo de 2022, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo en revisión 54/2022 interpuesto por ciudadanos y organizaciones, dejando sin efecto las autorizaciones ambientales otorgadas por la Semarnat desde 2004. La Corte concluyó que dichas autorizaciones eran inconstitucionales porque evaluaron el proyecto de manera fragmentada y sin la mejor ciencia disponible, lo que vulneró el derecho a un ambiente sano.
La sentencia ordenó una nueva evaluación ambiental integral que considere los impactos acumulados en arrecifes y humedales dentro de la zona de influencia del proyecto.
Las organizaciones subrayaron que la fragmentación de la evaluación ambiental impide dimensionar los impactos reales de la obra. Señalaron que la ausencia de información sobre los bancos de materiales constituye otro incumplimiento a la sentencia de la Corte.
Pidieron al gobierno federal detener la ampliación del puerto hasta que se haga una evaluación de impacto ambiental holística, integral e independiente, en cumplimiento con lo ordenado por el máximo tribunal.
