Orizaba, Ver.- La confirmación del incremento al salario mínimo para 2026 y el anuncio de que la reducción de la jornada laboral comenzará a aplicarse de manera gradual a partir de 2027 encendieron la preocupación entre especialistas y asesores empresariales; Fernando Mejía, asesor contable, advierte un impacto económico severo.
De acuerdo con la propuesta presentada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, “la jornada laboral semanal se reducirá en dos horas por año a partir del 1° de enero de 2027. La transición quedaría de la siguiente manera: 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y finalmente 40 horas en 2030”.
Si bien la medida es celebrada por organizaciones laborales, “su implementación podría generar consecuencias económicas adversas, principalmente en las micro y pequeñas empresas, que representan más del 90 por ciento de los negocios del país”.
Fernando Mejía explicó que las grandes empresas difícilmente resentirán este cambio, ya que muchas ya operan con jornadas reducidas o esquemas más flexibles por motivos de productividad. Sin embargo, advirtió que la reducción de horas de trabajo y el incremento al salario mínimo tendrán un efecto “letal” para los pequeños negocios.
“El problema es que los aumentos salariales vienen acompañados de un incremento automático en la carga social del patrón. No solamente sube el sueldo, también suben las obligaciones patronales ante el IMSS, Infonavit, Afore y el impuesto sobre nómina. Todo eso se traduce en costos operativos que muchas microempresas simplemente no podrán absorber”, señaló.
Mejía Cruz también advirtió otro factor que podría reducir el beneficio del aumento salarial para los trabajadores como lo son las tablas del impuesto sobre la renta. Si la Secretaría de Hacienda no actualiza los rangos del impuesto, muchos empleados con sueldos bajos podrían comenzar a pagar ISR debido al aumento, anulando en parte el beneficio real de su incremento.
En su análisis, enumeró tres consecuencias inmediatas que prevé derivadas de esta combinación entre alza salarial y reducción de jornada, “incremento de precios e inflación; ante el aumento de costos operativos, muchos negocios trasladarán estos gastos al consumidor final, presionando los precios al alza”.
Además, puntualiza que la reducción de plantillas laborales es necesaria debido a que, para compensar la disminución de horas y el incremento de obligaciones fiscales, pequeñas empresas podrían optar por recortar personal y operar con menos trabajadores.
“Los negocios más pequeños, especialmente los informales en proceso de formalización o aquellos con márgenes muy estrechos, podrían no resistir el nuevo contexto”. A estas consecuencias se suma un riesgo adicional, el crecimiento de la informalidad laboral, un fenómeno que, según Mejía Cruz, ya se refleja en las estadísticas más recientes. “Muchos patrones preferirán contratar sin prestaciones o incluso prescindir de la formalidad ante una carga fiscal que consideran excesiva”, advirtió.
El especialista reconoció que la reducción de la jornada laboral es un avance en términos de equilibrio vida-trabajo, pero insistió en que su implementación requerirá apoyos, incentivos fiscales y programas de transición para las empresas más pequeñas, de lo contrario –dijo– podría producirse un efecto contrario al deseado: pérdida de empleos, más informalidad y menor crecimiento económico.
