La mañana de ayer, mientras el medio Chihuahua News transmitía en vivo por redes sociales, militantes y funcionarios del PAN increparon e insultaron al periodista Hernán Gómez Bruera frente a las cámaras. No buscaron un momento sin testigos, ni esperaron a que terminara la transmisión. Tampoco intentaron disimular. La agresión ocurrió en público, con deliberación, como quien ejecuta una advertencia que no requiere ocultarse porque confía en que nadie le pedirá cuentas.
El detonante dice todo sobre la escala moral del hecho. El tráfico había sido detenido para que un funcionario del gobierno se tomara una fotografía. Gómez Bruera documentaba esa escena. Eso bastó para que la respuesta fuera el hostigamiento y el insulto frente a una audiencia en tiempo real. En Chihuahua, bajo el gobierno de Maru Campos, registrar el ejercicio del poder panista se ha convertido en un acto que se paga. El mensaje no estaba dirigido únicamente al periodista: estaba dirigido a cualquiera que cubra a este gobierno con independencia.
La agresión a Gómez Bruera no ocurrió en el vacío. El 16 de mayo, el periodista Israel Beltrán fue golpeado con un tubo y pateado en las carreteras de acceso a la capital mientras documentaba los bloqueos organizados para impedir que ciudadanos llegaran a la marcha convocada por Morena. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado abrió una investigación interna. Hasta hoy no ha producido ninguna consecuencia pública, ninguna sanción, ningún nombre. La investigación existe para decir que existe, no para resolver.
Ese es el patrón: violencia documentada, institución que simula responder, impunidad que se instala. No es desorden ni falla del sistema. Es el sistema funcionando conforme a sus prioridades. Un gobierno que organiza bloqueos para sabotear una marcha ciudadana, que detiene el tráfico para la foto de un funcionario y que hostiga a quienes lo registran opera con una lógica coherente: el espacio público le pertenece y la prensa que lo documenta es una amenaza a administrar. Esa lógica no nació con Campos. Viene de una cultura política que el panismo chihuahuense heredó de Calderón y consolidó bajo Hinojosa: la certeza de que el poder no rinde cuentas ante la sociedad sino ante sus propios operadores.
El contexto inmediato agrava el cuadro. Campos enfrenta un juicio político en el Congreso del estado. La marcha del 16 de mayo fue convocada precisamente en ese marco. Los bloqueos en las carreteras, el hostigamiento a periodistas, la violencia ejercida frente a las cámaras: todo ocurre mientras la gobernadora disputa su sobrevivencia política. No es coincidencia. Es la expresión de un gobierno que, acorralado, recurre a la intimidación como recurso.
Maru Campos encabeza ese gobierno. No como testigo distante de lo que hacen sus militantes y funcionarios, sino como la autoridad que produce el clima en que esas acciones ocurren sin costo. Dos periodistas agredidos en menos de dos semanas, transmisiones en vivo como evidencia, investigaciones que no avanzan: la responsabilidad de ese cuadro tiene nombre y cargo, y ambos son los de la gobernadora. Campos responde por Chihuahua. Lo que ocurre en Chihuahua la define.
