Orizaba, Ver.- A 19 años de la agresión sexual y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, el Estado mexicano aún no presenta una ruta clara para cumplir la sentencia internacional emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que mantiene sin avances concretos la investigación penal, la reparación integral del daño y las medidas estructurales ordenadas para garantizar justicia en el caso, denunciaron organizaciones civiles.
En un pronunciamiento difundido este miércoles colectivos nacionales e internacionales recordaron que han transcurrido casi dos décadas desde los hechos ocurridos en la sierra de Zongolica, donde la mujer indígena nahua de 73 años fue víctima de agresión sexual presuntamente atribuida a elementos del Ejército Mexicano. Señalaron que, pese a que el fallo internacional fue notificado oficialmente al Estado mexicano el 16 de diciembre de 2025, no existe hasta el momento un plan institucional que establezca tiempos, acciones y responsabilidades para su cumplimiento.
Las organizaciones explicaron que desde el día siguiente a la notificación de la sentencia solicitaron formalmente a autoridades federales información sobre las medidas que se implementarían; sin embargo, afirmaron que no han recibido una propuesta concreta. Esta falta de respuesta, advirtieron, retrasa el acceso efectivo a la verdad y a la justicia para los familiares de la víctima.
El documento destaca que la resolución del tribunal internacional representa un momento histórico, al determinar la responsabilidad del Estado mexicano por violaciones graves a los derechos humanos, entre ellas la falta de una investigación adecuada, la intervención indebida de autoridades, así como la existencia de barreras lingüísticas y de discriminación por origen étnico, género y edad.
De acuerdo con el pronunciamiento, durante años prevaleció un contexto de impunidad que impidió esclarecer plenamente lo ocurrido y sancionar a los responsables, lo que obligó a los familiares y organizaciones acompañantes a acudir al sistema interamericano de derechos humanos para buscar justicia.
Entre las medidas ordenadas por la sentencia se encuentra la reapertura de investigaciones con perspectiva de género e interculturalidad para esclarecer la agresión sexual, la tortura y la muerte de Ernestina Ascencio; además de la identificación y sanción de los responsables. También se contempla la atención médica y psicológica integral para los familiares, así como programas de capacitación dirigidos a servidores públicos en materia de derechos humanos.
El fallo internacional también instruye fortalecer el Centro de Atención Especializada ubicado en el municipio de Soledad Atzompa, así como la creación de un Registro Nacional de Intérpretes en lenguas indígenas para garantizar el acceso a la justicia de personas originarias que enfrentan procesos legales sin comprensión plena del idioma español.
Organizaciones defensoras subrayaron que la sentencia reconoce las condiciones estructurales de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas en México, especialmente en contextos de pobreza y marginación, donde la falta de servicios médicos, infraestructura institucional y personal capacitado incrementa los riesgos de violaciones a derechos humanos.
El caso ocurrió en 2007 y ocasionó un amplio debate nacional debido a las inconsistencias detectadas en las investigaciones iniciales.
En su momento, autoridades federales atribuyeron la causa de muerte a problemas de salud; sin embargo, colectivos civiles denunciaron irregularidades periciales y la ausencia de protocolos con enfoque cultural, lo que motivó la exigencia de revisar el caso bajo estándares internacionales.
Durante casi dos décadas, familiares de la víctima mantuvieron un proceso de denuncia permanente. Martha Inés Ascencio, hija de Ernestina, ha señalado que la lucha no ha tenido fines políticos, sino que busca evitar que otras mujeres indígenas enfrenten situaciones similares sin acceso a la justicia.
Consideran que esta resolución podría influir en futuros procesos judiciales relacionados con violencia contra mujeres indígenas, al reconocer factores como el idioma, la edad y la condición socioeconómica como elementos determinantes en el acceso a las instituciones.
Asimismo, las organizaciones señalaron la necesidad de establecer mecanismos de supervisión que permitan verificar el cumplimiento real de la sentencia, evitando que las medidas queden únicamente en compromisos administrativos sin impacto estructural.
En el pronunciamiento también se hizo un llamado a las autoridades federales y estatales para garantizar transparencia en las acciones derivadas del fallo y permitir la participación de organismos civiles en el seguimiento de los avances.
A 19 años de los hechos, el caso continúa siendo un referente nacional sobre justicia intercultural y combate a la impunidad. Para los colectivos, el reconocimiento internacional marca un paso importante; sin embargo, advirtieron que mientras no exista una ruta clara de cumplimiento, la reparación integral seguirá pendiente.
Finalmente, insistieron en que la memoria de Ernestina Ascencio Rosario representa la lucha de miles de mujeres indígenas que enfrentan violencia y discriminación, por lo que el cumplimiento pleno de la sentencia deberá traducirse en cambios estructurales que garanticen igualdad, acceso a la justicia y no repetición.
