Primera consideración | Es preciso, tener presente que el Estado existe para una convivencia social armónica.
Su principal fin en términos de Platón es la felicidad de los ciudadanos, por ende, del Estado; asimismo, Aristóteles enfatiza que “el verdadero fin de la ciudad-Estado es la virtud y la felicidad” (Aristóteles, 1988, p. 174). También, señala que “todos los regímenes que tienen como objetivo el bien común son rectos, según la justicia absoluta; en cambio cuando sólo atienden el interés personal de los gobernantes son defectuosos” (Aristóteles,1988, p. 170). Por lo tanto, apoyados en la Doctrina Social tenemos que:
La responsabilidad de edificar el bien común compete, además de las personas particulares, también al Estado, porque el bien común es la razón de ser de la autoridad política (…); de ahí deriva la necesidad de las instituciones políticas, cuya finalidad es hacer accesibles a las personas los bienes necesarios (…) para gozar de una vida auténticamente humana (…) El bien común es un deber de todos los miembros de la sociedad: ninguno está exento de colaborar, según las propias capacidades, en su consecución y desarrollo. (CDSI, 2005, p. 108)
En las discusiones sobre el sector energético, frecuentemente, se pierde de vista el bien común, el individuo en su dimensión social, fines y funciones del Estado; porque, prevalece la incesante defensa de intereses económicos, el statu quo de las oligarquías y sobre explotación de recursos que generan desequilibrios entre hombre y naturaleza2.
¿Cómo es posible hablar de grandes inversiones y cambios culturales postmateriales cuando tenemos en México profundas desigualdades sociales y creciente pobreza energética?
Si bien hay una demanda creciente de energía eléctrica para incentivar el desarrollo industrial y económico, la solución no está en las fuerzas del mercado para generar una sobre oferta y saturar las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad. Las alternativas son: (1) mantener un mercado regulado que impida prácticas desleales como el mercado paralelo del que se han servido las sociedades de autoabasto3; con base en propuestas de especialistas se puede (2) “mejorar la eficiencia y el ahorro energético, [porque] puede tener un impacto ambiental y económico extraordinario, a la par que se da marcha a un proceso consensuado y continuo de transición energética justa y sostenible” (Jiménez, 2022, p. XII); (3) diseñar e instrumentar políticas de Estado para promover y consolidar la transición energética a través de mecanismos que incentive participación, cambio cultural y democratización de la energía eléctrica hacía grupos o sociedades menos favorecidas y; (4) fortalecer la institucionalidad de la Comisión Federal de Electricidad para evolucionarla. Con base en lo anterior, se afirma que la electricidad es un bien común que no puede quedar a merced del libre mercado y tampoco constreñido al Estado.
