Teresa Carvajal, integrante de Movimiento Barzón Resistencia Civil Xalapa, comentó que a raíz de la pandemia se incrementaron los casos de estafa, robo de datos, identidad y acoso a particulares que usan las aplicaciones móviles para prestar dinero.
Son los jóvenes el sector más vulnerable, y ante la urgencia de dinero luego los obligan a pagar hasta cuatro veces el crédito. Los montos de los préstamos van desde mil 500 hasta 3 mil pesos; las personas que caen en la estafa terminan pagando hasta 12 mil pesos.
La integrante del Barzón Xalapa explicó que las aplicaciones son operadas por “pseudoempresas” o prestamistas en Internet, pues no se sabe si están constituidos en el marco de la ley y si tiene normativa.
Las apps que se tiene identificadas son Creditea, Ifectivo, JoseCash, y TalaDinero ofrecen cantidades muy bajas, que van desde mil, mil 500 o hasta 3 mil pesos, “que es un denominador común” para no llamar la atención de las autoridades.
Se anuncian a través de Internet o redes sociales, y nadie sabe quiénes son sus representantes. Al descargar la aplicación de App Store se debe dar acceso a todos los archivos del celular, que incluyen contactos, fotografías, datos personales presentes y futuros, así como la localización de la persona.
Al instalar la app, los prestamistas virtuales colocan un software con el que se apropian de toda la información del celular; además, les piden credencial de elector y una cuenta destino para hacer el depósito del crédito, que nunca supera 3 mil pesos. La aplicación da la opción de hacer abonos chiquitos, y al menor atraso se comienza el acoso y hostigamiento de los prestamistas que les piden el dinero, con la amenaza de que se requerirá el pago a sus contactos.
Y es como recrudece el hostigamiento a los contactos, a quienes se les asegura que su amigo, compañero de trabajo o persona que proporcionó su número telefónico los dejó como aval, y que se tendrán que hacer cargo de la deuda, explica Teresa Carvajal.
“Sean parientes, compañeros de trabajo, vecinos, conocidos accidentales, o amistad les empiezan a llegar mensajes. Esta inteligencia artificial es tan hábil que empieza a dejar mensajes masivos a los contactos, diciéndoles que la persona los dejó como aval, y que ellos tendrán que pagar”, alertó.
Si bien es válida la cobranza, las apps incurre en delitos como acoso, hostigamiento, amenaza y violencia en la forma en la que se requiere el pago del crédito, “los prestamistas hacen de 50 a 100 llamadas diarias (…) se detectó que usan las fotografías de las personas para subirlas a Internet, y ofrecen servicios sexuales o de tipo inmoral, lo que es violencia digital”.
La propia Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros no sabe cómo catalogar los delitos de ese tipo y no tiene una estadística de cuántos jóvenes han caído en ese tipo de fraude, por lo que no hay seguimiento al tema.
“El caso es bastante delicado, por lo que estamos hablando de aproximadamente 5 mil quejas de personas que se han atrevido a denunciar. Esta situación obedece a un vacío legal, porque la excusa que da la Condusef es que las aplicaciones no están registradas, y no tienen nada que hacer”.
En ese sentido, la autoridad se deslinda con el sólo hecho de alertar de posible fraude, y no se toman acciones directas en medio de la pandemia y cuando son los jóvenes los rehenes de ese tipo de aplicaciones, se está sembrando violencia y terror, dijo la abogada.
Urgió al Poder Legislativo a buscar regular el uso de ese tipo de aplicaciones, que impactan a la economía, pues a diario reciben al menos cinco quejas anónimas, lo que pone en evidencia que el fenómeno, que se detectó hace cuatro años, se ha disparado con el desempleo por la pandemia.
Cuando llegan al Barzón se pide a la gente denunciar, pero las personas optan por reunir el recurso y liquidar los préstamos, endeudándose nuevamente, porque no tienen el modo de cambiar el teléfono y no hay forma de que alguna autoridad intervenga.
