México SA

Carlos Fernández-Vega

Lo dicho: una vez más, la “autoridad” judicial hace el trabajo sucio, disfrazado de “legalidad”, para que el delincuente Emilio Lozoya Austin abandone el Reclusorio Norte y “siga su proceso en libertad”. Primero lo hizo (viernes pasado) con el caso de Agronitrogenados –un descarado fraude a la nación– y ahora va por el de Odebrecht, un estercolero que involucró a la clase política de no pocos países latinoamericanos, aunque en ellos sí encarcelaron a varios, incluidos varios ex presidentes. Por el contrario, en México todos los presuntos implicados permanecen intocados y la versión pública del expediente rasurada a más no poder.

La Jornada (César Arellano y Gustavo Castillo) lo reseñó así: “un tribunal unitario en materia penal con sede en la Ciudad de México determinó que el juez de control del Centro de Justicia Federal con sede en el Reclusorio Norte revise si el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin debe permanecer en prisión preventiva en el juicio que enfrenta por los sobornos de Odebrecht (10.5 millones de dólares). Mañana (hoy) se realizará la audiencia donde el impartidor de justicia decidirá si le cambia la medida cautelar (léase liberarlo). El tribunal federal ordenó que se analice la apelación que realizó el ex funcionario a efecto de que se resuelva si es procedente dejarlo en prisión preventiva o recupera la libertad”. En el caso de Odebrecht a Lozoya se le acusa de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, por lo que el juez del caso le dictó prisión preventiva.

Entonces, el operativo está aceitado y con el caminito limpio, porque el pasado viernes el mismo tribunal unitario “determinó procedente” modificar la prisión preventiva por el caso de Agronitrogenados para que Lozoya abandonara el Reclusorio Norte. Sin embargo, como bien lo advirtió un funcionario consultado por La Jornada en esa ocasión, tal decisión “no implica que deje la prisión, toda vez que el ex funcionario enfrenta el juicio por los sobornos de Odebrecht, y tampoco se traduce en la cancelación de los cargos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la compra con sobreprecio” a favor del mafiosi Alonso Ancira.

Quedaba una piedra brasileña en el camino: la prisión preventiva por Odebrecht, de tal suerte que la misteriosa cuan larga mano del grupo político que mueve los hilos (el dinero es uno de ellos) en el Poder Judicial apresuró el “pendiente” para que también por este caso Lozoya sea liberado y regrese a su casa, en donde cómodamente se mantuvo (sólo para asistir a lujosos restaurantes) desde su extradición en julio de 2020.

Cuando el pasado viernes se conoció la decisión judicial de “modificar la medida cautelar de prisión preventiva” (léase liberar a Lozoya Austin, en el caso Agronitrogenados), de inmediato la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó “una demanda de juicio de amparo para que sea revisada la constitucionalidad de dicha resolución y solicita la suspensión de sus efectos a fin de evitar una obstrucción en la continuidad de los procesos”.

Pero más tardó en secar la tinta del texto de la demanda presentada el viernes pasado que la propia UIF en verse en la necesidad de hacer lo propio por segunda ocasión (en menos de dos días laborables), ahora por el caso de Odebrecht. “Presentamos un amparo contra la revocación de un tribunal unitario, respecto a la resolución de prisión preventiva de Emilio “N”, dictada por el juez” en el proceso que lo involucra con el consorcio brasileño.

En síntesis, fraude a la nación, corrupción galopante, lavado de dinero, asociación delictuosa, cohecho y muchos delitos más resultan, a ojos del citado tribunal unitario, peccata minuta. Se necesita cara muy dura para proceder de esa forma, pero no hay que olvidar que en este país ser delincuente de cuello blanco es garantía de impunidad, y de ello hay sobradas pruebas.

Las rebanadas del pastel

Hoy reanuda la mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación (la misma que Luisa María Alcalde no tuvo tiempo de instalar en 30 meses, pero Adán Augusto lo hizo en 24 horas), con la participación del sindicato minero y (se supone) representantes de Grupo México (del tóxico barón Germán Larrea). La coordina Alejandro Encinas, subsecretario de Población y Derechos Humanos. El objetivo es lograr acuerdos definitivos para solucionar la huelga estallada en junio de 2007 en Cananea (más las de Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas).