México SA
Carlos Fernández-Vega
El presidente López Obrador se pronunció a favor de mexicanizar Banamex para que la propiedad de esa institución se quede en casa y con ello se fortalezca la de por sí endeble soberanía financiera del país –destrozada a lo largo del régimen neoliberal–, amén de que son los mexicanos quienes –sin su consentimiento– han pagado, pagan y seguirán por esa ruta el onerosísimo cuan interminable “rescate”, vía Fobaproa, de todos los especuladores que se apropiaron de la banca reprivatizada por Carlos Salinas de Gortari, misma que, casi en su totalidad, fue extranjerizada por Ernesto Zedillo y Vicente Fox, libre de impuestos, desde luego.
Tras el reciente anuncio de Citigroup, el mandatario no perdió tiempo para “invitar” al selecto grupo de magnates autóctonos (ya propietarios de otras instituciones financieras) a que no dejen pasar esta oportunidad y le entren a la mexicanización. Tras dos décadas de propiedad privada estadunidense es hora de que Banamex, el banco más longevo del país, retorne a manos nacionales, aunque a los posibles tiradores lo único que les interesa es la catarata de utilidades que esta institución genera.
A mexicanizar, pues, pero este asunto trae a la memoria otra oportunidad de actuar en tal sentido, aunque fue total y conscientemente desaprovechada por Felipe Calderón cuando ocupaba Los Pinos. De hecho, Borolas no sólo la desperdició, sino que, junto con su entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens (el afamado doctor catarrito), decidió actuar discrecionalmente a favor de Citigroup y, sin más, violar la Ley de Instituciones de Crédito del país, la cual prohíbe que un gobierno extranjero sea accionista mayoritario en una de ellas.
Sin importarles, en febrero de 2009 Calderón y Carstens descaradamente permitieron que, en el marco de la crisis global de aquellos tiempos (provocada por el sector financiero estadunidense), Barack Obama, entonces inquilino de la Casa Blanca, utilizara recursos de su erario para “rescatar” a Citigroup con multimillonaria cantidad a cambio de que esa institución bancaria le entregara su mayoría accionaria en garantía.
Así, de la noche a la mañana y de forma ilegal (para efectos nacionales), el gobierno de Estados Unidos se convirtió en el accionista mayoritario de Banamex, propiedad de Citigroup, con lo que a partir de entonces ese banco otrora mexicano comenzó a ser conocido como Obamamex. Con el tiempo, la trasnacional financiera reembolsó (se supone) el voluminoso “apoyo” autorizado por el mandatario estadunidense y todo el mundo contento, con la venia y el aplauso de Borolas y el doctor catarrito.
Por aquellos ayeres, en este espacio comentamos que de nueva cuenta el inquilino de Los Pinos (Calderón) se metió en un berenjenal y la banca foránea una vez más pone a parir a las autoridades financieras del país, porque para efectos mexicanos la citada ley prohíbe explícitamente el acuerdo entre Citigroup y la Casa Blanca, de tal suerte que el gobierno mexicano no sólo debe prohibirlo, sino que está obligado a reaccionar ante una operación de esa naturaleza. ¿Cómo? La propia Ley de Instituciones de Crédito ofrece la salida en su artículo 13: “no podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad” (por ejemplo, gobierno de Estados Unidos) y Banamex es filial de Citigroup. De presentarse un caso, “la Comisión Nacional Bancaria y de Valores previo acuerdo de su junta de gobierno podrá declarar la revocación de las autorizaciones correspondientes”.
Pero a Calderón y Carstens les valió, porque pretextaron que la participación del gobierno estadunidense “tiene carácter temporal, deriva de una emergencia económica y no modifica la estrategia de negocios; existen claros argumentos para afirmar que la operación hoy anunciada no entra en conflicto con ninguna norma del marco jurídico en México”. Pero la citada ley no establece salvedades para casos “temporales”, de “emergencia económica” y/o relacionados con “estrategias de negocios”. Además, decían, dicha legislación “es de hace 20 años”, ergo “es viejita”. De ese tamaño la cara dura. Y no fue el único caso.
Las rebanadas del pastel
Entonces, no hay que desperdiciar la nueva oportunidad de mexicanizar un banco que nunca debió ser “rescatado” por el Fobaproa ni extranjerizado. De cualquier forma, el problema son los eventuales compradores: más de lo mismo y para los mismos.
