Cada vez que el nombre de Javier Duarte reaparece en el ámbito judicial surge una pregunta automática en ciertos sectores: ¿estará negociando algo? La sola duda revela cuánto marcó al país el funcionamiento del viejo régimen.
Durante años, en México los grandes casos de corrupción no se resolvían únicamente en tribunales. Se resolvían en mesas. Gobernabas, acumulabas poder, caías en desgracia, pactabas y con el tiempo reaparecías reciclado en otro espacio de influencia. La impunidad no era un accidente; era arquitectura política. Ese modelo ya no rige.
Pensar hoy en una negociación política cupular en un caso como el de Duarte es desconocer la naturaleza del cambio que comenzó hace siete años. La 4T no se concibió como alternancia administrativa. Se planteó como ruptura estructural. Y una ruptura estructural implica desmontar precisamente la lógica de protección transversal entre élites.
Duarte no es un actor político vigente con capacidad de presión institucional. Es un símbolo de un ciclo que concentró corrupción masiva y un entorno de violencia que convirtió a Veracruz en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Su nombre remite a una etapa que la sociedad decidió cerrar.
En ese contexto, una negociación política sería no sólo improbable, sino contradictoria con el momento histórico. El costo sería estructural. No se trataría de un expediente más; se trataría de erosionar la coherencia del proyecto que se legitimó precisamente combatiendo ese sistema de acuerdos opacos.
Eso no elimina el derecho a la defensa jurídica. Todo proceso penal admite recursos, argumentos y estrategias legales. Eso es estado de derecho. Pero una cosa es el litigio técnico y otra muy distinta la mesa política que antes servía para amortiguar responsabilidades.
La diferencia entre el viejo régimen y el actual no es únicamente discursiva. Es de concepción del poder. Antes, el sistema protegía a los suyos porque compartían red. Hoy, la viabilidad del proyecto depende de que ciertas prácticas queden clausuradas.
No se trata de preguntarse si alguien quiere negociar. Se trata de reconocer que el país cambió lo suficiente como para que ese mecanismo no encuentre espacio. Ya no hay mesa para negociar.
