Veracruz no es hoy el estado más violento del país. Pero tampoco es ya un estado en transición hacia la normalidad. Es, más bien, un territorio que quedó atrapado en una inercia de violencia que no termina de ceder, incluso cuando el país en su conjunto muestra una tendencia distinta.
Los datos son claros. Mientras México reporta en 2026 el nivel más bajo de homicidios en más de una década, con promedios diarios cercanos a 50 casos, Veracruz se mantiene en el octavo lugar nacional, con 86 homicidios en marzo y una participación del 5.4 por ciento del total nacional.
La lectura superficial diría que la violencia está bajando. La lectura estructural muestra otra cosa: Veracruz no cae al mismo ritmo que el país. Y en algunos momentos, incluso, va a contracorriente.
No es un dato aislado. En 2025, mientras el país redujo homicidios de forma significativa, Veracruz registró un incremento de más del 16 por ciento. En 2026, durante Semana Santa, los homicidios aumentaron casi 50 por ciento respecto al año anterior. La tendencia no es lineal. Es irregular, persistente, resistente a la baja nacional.
Esto obliga a una pregunta de fondo: ¿por qué Veracruz no logra salir del ciclo? La respuesta no está en el presente inmediato. Está en la ruptura estructural que se gestó hace más de una década.
Veracruz no fue históricamente un estado violento en los términos actuales. La violencia se volvió sistémica a partir de la militarización de la seguridad pública iniciada en el sexenio de Felipe Calderón, cuando el combate frontal al crimen fragmentó organizaciones, abrió disputas territoriales y convirtió regiones completas en zonas de disputa permanente.
En Veracruz, ese proceso se combinó con otro factor: el colapso institucional. Durante el gobierno de Javier Duarte, marcado por corrupción, debilitamiento del aparato público y pérdida de control territorial, la violencia no solo creció: se desordenó. El resultado fue una tormenta perfecta: crimen fragmentado, Estado debilitado y economías ilegales en expansión.
Desde entonces, Veracruz no ha logrado reconstruir completamente su capacidad de control. Ha habido avances. La actual estrategia federal ha reducido homicidios en el estado en cerca de 28 por ciento en el último periodo. Pero esa reducción convive con repuntes, con focos regionales activos y con una persistencia que impide hablar de normalización. Ahí está el punto clave.
La violencia en Veracruz ya no es sólo un problema de cifras. Es un problema de estructura. De inercias criminales que se adaptan. De territorios donde el Estado llega, pero no se queda. De economías ilícitas que siguen operando bajo nuevas formas.
Por eso, el dato de “octavo lugar” no es menor. No es un ranking. Es un síntoma. Mientras el país comienza a estabilizar su curva de violencia, Veracruz sigue mostrando que hay zonas donde la transición no ha terminado. Donde la herencia del modelo de guerra, sumada al deterioro institucional local, dejó un residuo más profundo. No se trata de negar avances. Se trata de entender que no son homogéneos.
