Las lluvias torrenciales que devastaron Veracruz no sólo anegaron ciudades y campos: también desbordaron la verdad incómoda. El desastre natural reveló un desastre político: la fragilidad de un Estado que aún confunde previsión con improvisación, prevención con discurso y memoria con olvido. Mientras los ríos Cazones y Tecolutla se salían de cauce, los responsables institucionales intentaban contener la tormenta mediática más que el agua. En Poza Rica, el llamado a evacuar se emitió siete horas después de la alerta de Conagua. Cuando llegó la instrucción, el río ya había dictado sentencia.
Y sin embargo, los llamados “profetas del desastre”, —aquellos que advierten, denuncian o reclaman responsabilidad— suelen ser tachados de alarmistas o de politizadores de la tragedia. Pero el verdadero alarmismo es el de quienes gobiernan sin memoria, repitiendo cada año el mismo guión: llueve, se inunda, se improvisa, se promete reconstruir y se olvida. Los desastres naturales ya avisaron muchas veces. Son las instituciones las que no escuchan.
Sería injusto no reconocer los esfuerzos del gobierno federal y estatal: el Ejército y la Guardia Nacional actuaron con eficacia, la CFE restableció miles de conexiones, y los refugios se abrieron a tiempo en varias regiones. Hubo coordinación, solidaridad y presencia. Pero también hubo lentitud, burocracia y desinformación. En el norte del estado, mientras los helicópteros militares evacuaban familias, en redes circulaban rumores de desaparecidos y estudiantes atrapados, difundidos por medios que no confirmaron sus fuentes. En algunos municipios, la ayuda llegó antes en camionetas con logotipos del crimen organizado que en vehículos oficiales.
El problema no es sólo operativo: es estructural. Veracruz carece de una política moderna de gestión hídrica y de ordenamiento territorial. Los cauces siguen azolvados, los drenajes colapsan, los asentamientos se expanden sobre zonas inundables y los mapas de riesgo son papel mojado. Ningún plan de reconstrucción servirá si no se invierte en dragado permanente, reforestación seria, masiva, de cuencas, construcción de bordos, y sobre todo, educación cívica y comunitaria para reaccionar con autonomía antes de que sea demasiado tarde.
Los profetas del desastre —ingenieros, ambientalistas, periodistas, académicos— no anuncian el fin del mundo: advierten sobre el descuido que lo provoca. Pero el poder político rara vez los escucha, porque la prevención no da votos y el rescate sí da cámaras. La cultura del aplauso al héroe de última hora ha sustituido a la del mantenimiento silencioso. Y así, cada año, Veracruz vuelve a ser noticia por la misma tragedia, como si la naturaleza repitiera el parteaguas de una clase que nadie quiere aprobar.
La lección, una vez más, es doble. La prevención salva más vidas que el rescate, y la reconstrucción debe ser inteligente. No basta con prometer ayuda: hay que limpiar ríos, modernizar drenajes, crear represas medianas y sistemas de captación de agua que transformen la lluvia en energía o riego. Cada litro que hoy destruye podría ser mañana fuente de vida. Y en lo social, urge fortalecer la organización barrial, la educación ambiental y la vigilancia ciudadana: la defensa del territorio no empieza con un decreto, sino con la conciencia colectiva de su valor.
Veracruz debe decidir si quiere seguir siendo rehén de los elementos o aprender a convivir con ellos. Porque el agua, cuando se la ignora, siempre vuelve a recordarnos quién manda. Los profetas del desastre no son los que predicen la catástrofe: son los que insisten en que aún puede evitarse.
