La violencia ácida es una forma de agresión que no solo provoca lesiones físicas severas, sino que también implica un profundo impacto psicológico y social en las víctimas. Por ello, era imperativo tipificarla como delito y establecer sanciones que disuadan a los potenciales agresores y protejan a las víctimas.
El Congreso del Estado de Veracruz ha dado un paso significativo en la lucha contra la violencia de género al aprobar reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal para tipificar la violencia ácida como un delito grave. Esta medida responde a la necesidad urgente de enfrentar y sancionar adecuadamente un tipo de agresión que busca causar daño físico irreversible a través del uso de sustancias corrosivas como ácidos y productos químicos.
Con la aprobación unánime de 43 votos, sin abstenciones ni votos en contra, el Pleno de la LXVI Legislatura de Veracruz ha establecido penas de ocho a doce años de prisión y multas de 300 a 700 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quienes cometan este delito. Las reformas fueron impulsadas por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y Para la Igualdad de Género, basándose en dos iniciativas. La primera fue presentada el 23 de marzo de 2023 por la diputada Itzel López López del grupo legislativo de Morena. La segunda fue propuesta el 28 de julio de 2022 por la diputada Verónica Pulido Herrera, en coautoría con los legisladores Enrique Cambranis Torres, Jaime Enrique de la Garza Martínez y Miguel David Hermida Copado.
Según las reformas aprobadas, se añade al Código Penal el Capítulo III Bis denominado “Lesiones por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas.” Este capítulo detalla las circunstancias agravantes que aumentarían las penas, como causar deformidad, daño permanente, o afectar las funciones de órganos vitales. Las penas se incrementan en un tercio si causan deformidad o daño permanente, y hasta en una mitad si el ataque afecta el rostro, provoca pérdida sensorial o incapacita a la víctima permanentemente.
Adicionalmente, cuando los ataques sean cometidos contra mujeres por motivos de género, las penas se incrementarán hasta en una mitad. Estos ataques se consideran motivados por el género si existió previamente una relación de confianza, parentesco, laboral o docente entre el agresor y la víctima, o si hay antecedentes de violencia, amenazas, acoso o cualquier tipo de agresión.
Las reformas también estipulan que se considerará tentativa de feminicidio cuando las lesiones resulten en mutilaciones o alteraciones en órganos reproductivos o causen incapacidades permanentes.
La Secretaría de Salud del estado está encargada de llevar un registro y proporcionar estadísticas sobre los casos de violencia ácida, garantizando siempre la protección de los datos personales de las víctimas. Además, las instituciones de salud deben notificar de inmediato al Ministerio Público sobre cualquier caso de lesiones provocadas por sustancias corrosivas. El Ministerio Público, a su vez, tiene la obligación de asegurar la reparación del daño de manera integral, adecuada y proporcional a la gravedad de la lesión, además de decretar medidas de protección para las víctimas.
Durante el debate legislativo, la diputada Itzel López López, en representación del Grupo Legislativo de Morena, destacó que en Veracruz se busca visibilizar la violencia ácida, replicando los alcances de la denominada Ley Malena, y establecer sanciones ejemplares y agravantes para quienes violenten a una mujer de esta forma. Hizo un llamado a las autoridades para que investiguen y sancionen sin excepciones todas las conductas que lastiman a las mujeres. En el debate en lo general participó la diputada Maribel Ramírez Topete.
Por su parte, la diputada Verónica Pulido Herrera del Partido Acción Nacional (PAN) subrayó que estas reformas son un paso firme que permite a las mujeres denunciar y exigir justicia, asegurando que “ya no debe existir pretexto para que las mujeres accedan a su derecho humano a la justicia.”
Con estas acciones, el estado de Veracruz reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos de las mujeres y el combate a la violencia de género, asegurando que los agresores enfrenten consecuencias legales severas.