Veracruz es un estado con riquezas naturales, culturales y humanas capaces de sostener un desarrollo ejemplar. Sin embargo, durante décadas esas fortalezas han estado secuestradas por un sistema político autoritario, construido primero por el priísmo original y luego híbrido neoliberal del prianismo. Con sus diferencias, en ambos las instituciones se subordinaron a los intereses de las élites; los cambios de partido no necesariamente significaron cambios de régimen. Dos administraciones morenistas han prometido transformar esa herencia, el esmero de la actual titular del ejecutivo se ve opacado por la Fiscalía General del Estado y otros aparatos que siguen sujetos a los mismos viejos vicios: impunidad, opacidad, desigualdad y desconfianza social.
La Fiscalía debía ser el motor de la regeneración democrática pero ha permanecido atada a designios de poder fácticos. Autonomía simulada o, si se quiere, deficitaria: la institución continúa subordinada, sea al Ejecutivo o a gestores de larga data donde las conocencias y el amiguismo siguen actuando con rapidez contra adversarios políticos o incluso personales y con indulgencia frente a los cercanos al poder. Dicho en breve, la impunidad veracruzana es estructural: feminicidios, desapariciones, extorsiones y ataques a periodistas siguen sin castigo.
La consigna de “cero impunidad” se estrella contra la realidad de expedientes empolvados y ministerios públicos negligentes. Los pactos y la impunidad han cambiado, si acaso, de beneficiarios: lo que antes protegía a panistas o priístas hoy cuida a operadores morenistas o a viejos gestores que conservan su capacidad de distorsionar la ley o las evidencias. Una justicia capturada no sólo debilita al Estado, legitima también a la derecha y a los intereses conservadores. Así, continúa la crisis institucional y esta se entrelaza con los déficits estructurales del estado.
Desde carreteras y puentes en descuido que mantienen aislamientos hasta una justicia deformada por antiguos vicios. El campesino que no puede sacar sus cosechas, la mujer que no llega al hospital, el joven que tarda horas en llegar a la universidad: todos son víctimas de un modelo de desarrollo que nunca priorizó al pueblo. La falta de hospitales de especialidad, médicos suficientes y equipamiento revela que la salud ha sido vista como gasto y no como derecho. La pandemia dejó claro lo que ya se sabía: en el estado enfermarse puede ser sinónimo de empobrecerse o morir.
La pobreza multidimensional golpea a la población rural e indígena con acceso limitado a agua potable, al drenaje, la educación de calidad y a las oportunidades laborales. Veracruz sigue siendo un mosaico donde unas cuantas ciudades concentran servicios y riqueza pero persiste la dejadez en comunidades rurales e indígenas. Sin agua potable, sin drenaje, sin escuelas dignas, la desigualdad se convierte en destino. Los veracruzanos exigen transparencia real en la procuración y gestión de justicia; que planes y presupuestos se ventilen públicamente en medios y redes no en gacetas que nadie lee.
Las viejas suspicacias de gobernados hacia el gobierno permanecen latentes; lo que debilita la democracia y fortalece la apatía. Al parecer, subsiste el vicio de que cada gobierno arranca de cero, desperdiciando recursos y desarticulando esfuerzos. El Plan Veracruzano de Desarrollo 2025-2030 recoge 13 mil propuestas ciudadanas, su éxito depende no sólo de que se trasciendan los caprichos partidistas/clientelares, sino de que el ciudadano tenga voz y participación en su instrumentalización. Por otro lado, la conjunción de una Fiscalía politizada y un Estado estructuralmente débil genera un círculo vicioso: la impunidad alimenta la inseguridad, la corrupción se normaliza, la ciudadanía pierde confianza y se desmoviliza; entonces el desarrollo se vuelve imposible en un marco de desigualdad y opacidad.
Mientras tanto, la derecha aplaude en silencio: su modelo siempre fue ese, el de un Estado reducido a gendarme de los poderosos. Romper con este ciclo no es imposible pero requiere voluntad política y un programa de transformación que ponga en el centro al pueblo, no al poder ni a sus satélites. La autonomía real de la Fiscalía debe garantizarse mediante un proceso de designación del fiscal con participación ciudadana, no con mayoría automática del Congreso, y con observatorios populares que evalúen desempeño y sancionen corrupción interna.
La infraestructura debe concebirse como un derecho a la igualdad y no un negocio: un fondo estatal de conectividad rural debe reducir en 40 por ciento los tiempos de traslado hacia polos económicos en cinco años, priorizando comunidades marginadas sobre megaproyectos faraónicos. La salud debe ser tratada como un derecho no como mercancía: tres hospitales de alta especialidad en zonas estratégicas y la telemedicina comunitaria deben cubrir a 95 por ciento de la población en seis años. El combate a la marginación debe ser integral: programas productivos comunitarios, vivienda digna y acceso universal a agua, drenaje y electricidad, con la meta de reducir 25 por ciento la pobreza multidimensional en los municipios más golpeados para 2030.
La transparencia debe ser radical, con una plataforma digital única que muestre en tiempo real obras, gastos y resultados, alcanzando la calificación perfecta en el Índice Nacional de Transparencia en tres años. Y la continuidad debe asegurarse con un consejo ciudadano de desarrollo sostenible, un órgano autónomo y multisectorial que garantice que el Plan Veracruzano de Desarrollo se cumpla más allá de los vaivenes políticos. El pueblo veracruzano no pide milagros, pide instituciones que sirvan, servicios que funcionen y justicia que llegue a todos. La izquierda tiene la responsabilidad histórica de demostrar que no sólo puede administrar sino transformar.
La Fiscalía debe dejar de ser guarida de intereses y convertirse en garante de derechos. Los planes de desarrollo no deben ser propaganda, sino hoja de ruta vinculante. Y la transparencia no debe ser promesa, sino práctica cotidiana. El futuro de Veracruz exige una nueva instrumentación del pacto social donde el gobierno se someta al escrutinio ciudadano y donde la justicia, la salud, la infraestructura y la igualdad dejen de ser cotos y privilegios para convertirse en derechos universales. Sólo así Veracruz dejará atrás el ciclo de impunidad y abandono para convertirse en lo que siempre debió ser: un estado próspero, justo y profundamente democrático.
