Por: Rodrigo Efraín Hernández Hebrard (Director Binacional de Comunicación y Relaciones Públicas en AMEXCAN) y Emilio Antonio Vázquez Morales (Coordinador Binacional de Comunicaciones en AMEXCAN)
La muerte de Lorenzo Salgado Araujo en Houston no puede leerse como un hecho aislado ni como una cifra más en la larga lista de abusos contra personas migrantes. Es, en realidad, un reflejo brutal de una estructura que ha normalizado la violencia institucional bajo el argumento de la seguridad y el control migratorio y eso hay que decirlo con claridad, no es justicia, es una forma de violencia legitimada.
Migrar nunca ha sido sencillo, implica dejar atrás la tierra, la familia, la lengua que nos nombra pero en los últimos años, migrar también parece implicar un riesgo cada vez mayor, el de perder la vida en manos de quienes, en teoría, están obligados a protegerla. Lo ocurrido con Lorenzo duele, indigna, pero sobre todo revela una pregunta incómoda ¿cuánto vale la vida de un migrante?
Las cifras ayudan a dimensionar lo que muchas veces se intenta presentar como casos aislados. Tan solo desde el inicio del actual endurecimiento de la política migratoria en 2025, al menos 46 personas han muerto bajo custodia de ICE o en centros de detención, mientras que 2025 se convirtió en el año más letal en más de dos décadas, con más de 30 muertes registradas. En 2026, la tendencia no solo continúa, sino que se acelera pues se han documentado muertes de personas detenidas prácticamente cada seis días, y organizaciones han advertido que el año podría superar nuevamente los récords recientes. A esto se suman las muertes fuera de los centros de detención donde al menos diez personas han sido abatidas por agentes migratorios en operativos, en un contexto de creciente uso de la fuerza.
Y hay un dato que no puede pasar desapercibido es que entre las víctimas también hay personas mexicanas. De acuerdo con reportes recientes, al menos 14 connacionales han muerto bajo custodia de ICE y otros más en operativos, lo que ha llevado incluso al gobierno mexicano a anunciar acciones legales ante tribunales estadounidenses.
Detrás de cada número hay una historia que se borra con rapidez, pero que forma parte de una lógica más amplia, una guerra institucional no declarada contra las personas migrantes, profundamente atravesada por el racismo. No todos los cuerpos son tratados igual, no todas las vidas valen lo mismo en la práctica y las cifras no solo hablan de muertes; hablan de una política que deshumaniza, que criminaliza la migración y que, en los hechos, ha normalizado el riesgo de morir por el simple hecho de ser migrante.
Durante años, el discurso público ha reducido a nuestras comunidades a categorías: “indocumentados”, “ilegales”, “casos”. Se les despoja de su historia, de su humanidad, de su nombre. Pero Lorenzo tenía nombre. Tenía historia. Tenía familia. Y tenía, como cualquier persona, el derecho irrenunciable a vivir.
Durante años, el discurso público ha reducido a nuestras comunidades a categorías, “indocumentados”, “ilegales”, “casos”. Se les despoja de su historia, de su humanidad, de su nombre pero Lorenzo tenía nombre, tenía historia, tenía familia y tenía, como cualquier persona, el derecho irrenunciable a vivir.
No se trata de confrontar países, sino de exigir principios, ninguna política migratoria puede estar por encima de los derechos humanos; ningún agente del Estado debería tener licencia para arrebatar una vida sin rendir cuentas y cuando eso ocurre y no pasa nada, el silencio también se convierte en cómplice.
Este caso, como tantos otros, exige más que indignación momentánea, exige memoria, exige seguimiento, exige justicia y también exige algo que a veces incomoda, el revisar el papel de nuestras propias instituciones. ¿Dónde está el acompañamiento real? ¿Dónde la defensa firme y permanente de quienes están fuera del país? La protección consular no puede ser reactiva ni simbólica; debe ser contundente, cercana y efectiva.
Como comunidad migrante, hemos aprendido a resistir, a organizarnos, a apoyarnos pero no debería ser así, no deberíamos acostumbrarnos a sobrevivir bajo la amenaza constante, no deberíamos normalizar que una detención pueda convertirse en una sentencia de muerte.
Lorenzo Salgado Araujo no es solo una víctima; es un recordatorio urgente de que el sistema está fallando y cuando un sistema falla de esta manera, lo mínimo que se puede exigir es verdad, justicia y garantías de no repetición, porque migrar no debería costar la vida y porque el silencio, en estos casos, nunca es una opción.
