Orizaba, Ver.- En México más de 133 mil personas fueron reportadas como desaparecidas entre enero de 2006 y septiembre de 2025, mientras que en los semefos se acumulan más de 72 mil cuerpos sin identificar y cientos de miles de fragmentos óseos. En contraste, entre 2017 y enero de 2025 apenas se han dictado 373 condenas por desaparición forzada o cometida por particulares.
De acuerdo con datos de la agrupación Fundación para la Justicia, organización de la sociedad civil que acompaña a víctimas, lejos de detenerse este problema se ha agravado.
Dio a conocer que en 2024 se registraban en promedio 26 desapariciones de personas al día; en tanto que en el primer semestre de 2025 la cifra se disparó a más de 45 personas diariamente”.
En este contexto, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció que aplicará el artículo 34 de la Convención Internacional, un mecanismo extraordinario reservado para los casos donde existen indicios bien fundados de desapariciones generalizadas o sistemáticas en un país.
Dicho ordenamiento establece que “cuando el comité recibe información confiable sobre un patrón sistemático de desapariciones en un Estado miembro puede llevar el caso a la Asamblea General de la ONU por medio del secretario general. Esta es la primera vez que se activa este procedimiento en relación con México y marca un parteaguas en la atención internacional sobre la crisis de desapariciones”, señala.
Aunque el anuncio provocó la reacción por parte del Estado mexicano, las organizaciones civiles y colectivos de familiares de víctimas recordaron que este procedimiento no debe interpretarse como un ataque sino como una oportunidad excepcional para proteger a todas las personas contra la desaparición forzada.
“Lo que se necesita es una respuesta seria del Estado mexicano que aborde las causas de fondo, garantice la verdad, la justicia, la reparación y ponga fin a la impunidad”, manifestaron los colectivos en un pronunciamiento.
De manera simultánea, 61 colectivos, 66 organizaciones civiles, 129 familiares de personas desaparecidas y 50 personas solidarias presentaron al comité un informe paralelo en el que documentan indicios de desaparición sistemática y generalizada en México.
En el documento se pide la creación de un mecanismo internacional de esclarecimiento que acompañe al Estado mexicano en tareas urgentes, identificar los cuerpos acumulados en los servicios forenses, buscar a las personas desaparecidas, procesar a los responsables, reparar a las víctimas y establecer un programa nacional de prevención.
