Orizaba, Ver.- La falta de pago de cuotas al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) por parte de varios ayuntamientos ha generado una creciente inconformidad entre trabajadores sindicalizados, quienes acusan a las administraciones municipales de desviar los recursos destinados a su jubilación, denunció César Silva Reyes, presidente de la Federación Estatal de Empleados Municipales de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).
El dirigente destacó que el adeudo de cuotas al IPE es un obstáculo grave para quienes están por retirarse tras décadas de servicio.
Silva Reyes explicó que algunos gobiernos municipales retienen las aportaciones que se descuentan a los trabajadores, pero no las entregan al IPE.
“Es un mal uso del presupuesto. Muchos alcaldes desvían ese dinero etiquetado para justificar otros trabajos o simplemente lo desaparecen. No entienden que le están causando un daño directo al trabajador”, declaró.
Ante esta situación, la Federación determinó incluir la falta de pago al IPE como causal en los emplazamientos a huelga, al considerar que representa una violación directa a las condiciones generales de trabajo.
Además, se anunció que presentarán una propuesta ante el Congreso del estado para que las cuotas sean descontadas directamente de las participaciones federales que reciben los municipios, con el fin de garantizar su entrega puntual al Instituto.
La organización sindical, que ya agrupa a más de 70 sindicatos municipales y está en proceso de registro ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TCA), ha realizado reuniones regionales en Minatitlán y Pánuco para dar seguimiento a los casos más críticos.
Silva Reyes hizo un llamado enfático a los alcaldes, especialmente a los emanados de Morena, para que respeten los derechos laborales de los empleados municipales.
“Cuando un alcalde entra, llega con un equipo que sólo estará cuatro años; en cambio, los trabajadores sindicalizados llevan décadas sosteniendo la operación del municipio. Son quienes realmente conocen el funcionamiento de la administración”, señaló.
Finalmente, reconoció que aunque existen conflictos laborales en municipios como Pánuco, Fortín, Córdoba e Ixtaczoquitlán, también se han registrado avances importantes en la defensa de los derechos laborales, gracias a la organización y unidad sindical.
Habitantes de Los Arenales analizan amparo por extracción de arena
Habitantes de la zona conocida como Los Arenales, en el municipio de Coatepec, advirtieron que podrían interponer un amparo legal contra la sobreexplotación de bancos de arena, ante las afectaciones que esta actividad genera en los manantiales que abastecen de agua a más de 2 mil personas en las comunidades de Los Arenales y La Laguna.
De acuerdo con Hilda Conde Conde, una de las representantes vecinales, aunque uno de los proyectos extractivos fue clausurado recientemente, tienen conocimiento de nuevas solicitudes para realizar extracciones en la zona, particularmente en áreas cercanas al libramiento.
“Vienen nuevos proyectos. Se comenta que hay muchos a ras del libramiento. Nuestra preocupación es que se siga extrayendo arena y se dañen los dos nacimientos que abastecen a nuestra comunidad”, expresó.
La pobladora explicó que uno de los tres manantiales de la zona ya se secó, y a pesar de ello, el Ayuntamiento de Coatepec se ha negado a atender la situación. Señaló que ni siquiera han sido recibidos, pese a que la Dirección de Política Regional del Gobierno del Estado ya solicitó que se establezca diálogo.
“Hay mucha negatividad por parte del municipio; no nos reciben. Política Regional les pidió que nos atendieran, pero no nos hacen caso”, lamentó.
Conde advirtió que si las extracciones continúan, también podrían secarse los nacimientos ubicados en zonas más bajas, lo que afectaría a otras comunidades, como La Orduña y Las Lomas, que dependen de esos escurrimientos naturales.
“La afectación que pasa en La Laguna va a impactar, por ejemplo, a Las Lomas. La Orduña se abastece de un nacimiento más abajo. Si la extracción sigue en la parte alta, claramente se verán afectadas las de abajo”, explicó.
Ante la inacción del ayuntamiento, los pobladores no descartan promover un amparo que frene la extracción de arena y exigen que se protejan los recursos hídricos y el equilibrio ambiental de la región.
