La Universidad Popular Autónoma de Veracruz nació con una vocación social clara: ampliar el acceso a la educación media superior y superior para jóvenes y adultos que habían quedado fuera del sistema educativo tradicional.
En un estado con altos niveles de rezago educativo y desigualdad territorial, la idea de una universidad flexible, cercana y de bajo costo tenía pleno sentido público. La UPAV respondía, al menos en su concepción, a una necesidad real.
Sin embargo, con el paso de los años, ese proyecto fue quedando atrapado en una estructura administrativa frágil, opaca y crecientemente disfuncional.
La revisión anunciada por el gobierno estatal de más de cinco mil expedientes de los llamados “asesores solidarios” no es un trámite menor ni una medida administrativa aislada: es el reconocimiento explícito de que la universidad operaba sin controles básicos sobre su propia planta docente.
Que una institución pública no cuente con un padrón claro de quiénes imparten clases, bajo qué condiciones y con qué respaldo académico es una señal grave de deterioro institucional.
Más aún cuando ese desorden ha derivado en adeudos prolongados a docentes, inconformidades laborales, protestas públicas y una creciente desconfianza interna.
La figura del “asesor solidario”, pensada originalmente como un esquema flexible, terminó convirtiéndose en un mecanismo de precarización laboral y ambigüedad jurídica.
A este problema se suman fallas recurrentes en el control escolar, registros académicos extraviados, alumnos dados de baja por errores del sistema y pagos no reflejados.
Para una comunidad estudiantil compuesta en gran parte por trabajadores, madres de familia y jóvenes de bajos ingresos, esta incertidumbre administrativa no es un inconveniente menor: es una amenaza directa a su derecho a concluir estudios y mejorar sus condiciones de vida.
El juicio valorativo es inevitable. El problema de la UPAV no es su razón de ser, sino la forma en que fue gestionada.
No falló la idea de ampliar el acceso a la educación; falló el modelo de operación que permitió durante años una administración sin controles, sin transparencia y sin rendición de cuentas suficiente.
Una universidad pública no puede sostenerse en la informalidad permanente ni en esquemas que diluyen responsabilidades.
La decisión del gobierno estatal de intervenir, revisar expedientes y ordenar la institución abre una ventana de oportunidad, pero también implica una responsabilidad mayor.
No basta con regularizar pagos o depurar padrones. Si se pretende rescatar a la UPAV como proyecto educativo legítimo, se requieren cambios estructurales claros.
Primero, es indispensable profesionalizar y regularizar la planta docente.
La figura de los asesores solidarios debe transformarse en esquemas contractuales formales, con reglas claras, pagos puntuales y criterios académicos verificables.
La precariedad laboral no es compatible con una educación de calidad.
Segundo, la universidad debe integrarse plenamente a los sistemas de control financiero y contabilidad pública.
Cada peso cobrado y ejercido debe ser rastreable y auditable. La autonomía operativa no puede ser pretexto para la opacidad.
Tercero, es urgente modernizar y estabilizar los sistemas de control escolar.
Los errores tecnológicos que afectan trayectorias académicas no pueden seguir normalizándose.
El expediente del estudiante debe ser intocable y confiable.
Cuarto, se requiere una gobernanza institucional sólida que limite el uso político de la universidad, fortalezca los contrapesos internos y dé voz real a docentes y estudiantes en la toma de decisiones estratégicas.
La UPAV sigue siendo necesaria para Veracruz.
Cancelarla o dejarla colapsar sería un error social. Pero mantenerla en el desorden también lo es.
Si el Estado asume ahora la tarea de corregir el rumbo, debe hacerlo con una visión de largo plazo: convertir a la UPAV en una institución austera, transparente y funcional, donde el acceso a la educación no esté condicionado por la improvisación administrativa.
De lo contrario, una universidad creada para ampliar derechos terminará siendo recordada como otro ejemplo de cómo las buenas intenciones se vacían cuando no se sostienen con instituciones fuertes.
