El propio Instituto Nacional Electoral admitió esta semana lo que las cifras ya venían anunciando: la participación ciudadana en las urnas sigue a la baja, y no existe en México legislación que sancione a quien decide no votar. En los distritos de Orizaba, Córdoba y Zongolica, la participación cayó de más de 70 por ciento en la elección presidencial de 2018 a apenas 60 por ciento en el proceso más reciente, con Zongolica registrando el porcentaje más bajo de la región.
La ausencia de castigo no es un vacío legal que deba corregirse. Es una decisión correcta que conviene defender antes de que alguien la ponga en duda. Hay países que optaron por el camino contrario: Australia, Bélgica y Brasil sancionan la abstención con multas, y ninguno de los tres exhibe una ciudadanía más comprometida por eso, sólo una asistencia más alta en el papel. Convertir el voto en obligación multable resuelve la estadística y erosiona el sentido mismo del sufragio: una ciudadanía que vota por evitar una sanción no es una ciudadanía que decide, es una ciudadanía que cumple. El vocal ejecutivo del Distrito 15 lo dijo con precisión: la estrategia debe seguir enfocada en educación cívica y concientización, no en medidas coercitivas.
El dato más útil de este reporte no es el porcentaje general, es el desglose. Los jóvenes de entre 19 y 29 años continúan siendo el sector con menor participación, y ahí está el verdadero desafío institucional. No se trata de que esa generación desconozca sus derechos: se trata de que buena parte de ella no encuentra en las boletas una oferta que hable su lenguaje ni resuelva sus urgencias. Ninguna campaña de promoción del voto sustituye una oferta política que ese electorado sienta propia. Los partidos que siguen diseñando spots para un elector de hace 20 años seguirán viendo caer la misma cifra, sin importar cuánta estadística les entregue el Instituto.
Hay un factor adicional que ninguna plataforma estadística captura del todo: la fatiga informativa. Una ciudadanía bombardeada por noticias falsas, videos manipulados y acusaciones sin sustento termina por desconfiar tanto de la mentira como de quien la desmiente, y esa desconfianza generalizada también empuja hacia el sillón en lugar de la casilla. Combatir el abstencionismo, en ese sentido, no es sólo tarea del INE: es tarea de todo medio de comunicación que decida informar con rigor en vez de sumarse al ruido.
La nueva plataforma de estadística electoral que el INE presentó en las Altas Montañas puede ser una herramienta real si se usa para lo que promete: identificar con precisión dónde se concentra el desinterés y diseñar ahí, con especialistas y no sólo con spots, una estrategia diferenciada. Zongolica no necesita el mismo mensaje que Orizaba, y ninguno de los dos necesita el mismo mensaje que un elector de 22 años en Córdoba. La geografía del abstencionismo no es uniforme, y tratarla como si lo fuera es la manera más segura de seguir fallando.
Vale reconocer, también, que las jornadas electorales en la región se han desarrollado en un ambiente de seguridad, más allá de incidentes puntuales como los registrados en Tlilapan en el proceso anterior. Esa normalidad democrática no es automática ni debe darse por sentada: es resultado de trabajo institucional que merece continuidad, sobre todo en una región que durante años asoció las jornadas electorales con riesgo antes que con civismo.
La legitimidad de una democracia no se mide por cuánto castiga a quien se ausenta, se mide por cuánto logra que la gente quiera estar presente.
