El fracking en el Totonacapan no es una hipótesis. Es una práctica documentada. Y no es una empresa extranjera abstracta la que encabeza esa devastación: el fracking (fracturación hidráulica) en la región del Totonacapan, al norte de Veracruz, es desarrollado principalmente por la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Aunque se ha señalado la presencia y presión de empresas extranjeras en el sector energético mexicano, la actividad de fracking documentada en la región por la Alianza Mexicana contra el Fracking y grupos comunitarios se centra en las operaciones de Pemex, a menudo utilizando contratistas de servicios internacionales. Es decir: la decisión es nacional, aunque los servicios técnicos puedan subcontratarse.
Esto es lo verdaderamente grave. Porque desmonta la coartada fácil del “capital extranjero”. Aquí no estamos frente a una transnacional descontrolada; estamos frente a una empresa del Estado mexicano que, en nombre de la producción energética, somete a una región histórica y culturalmente viva a una práctica altamente cuestionada por sus impactos ambientales.
Durante años se ha querido instalar la narrativa de que el fracking es una necesidad técnica, un mal inevitable, un instrumento indispensable para sostener la producción petrolera. Pero en el Totonacapan no se discute en términos abstractos: se habla de agua que escasea o se contamina, de tierras agrícolas que pierden calidad, de comunidades que sienten el deterioro de su entorno sin haber sido consultadas de manera plena y vinculante.
El fracking no es una simple innovación industrial. Es la inyección de millones de litros de agua mezclada con arena y químicos a alta presión para fracturar formaciones geológicas profundas y liberar hidrocarburos atrapados. Esa presión no solo fractura roca; altera equilibrios hídricos, genera residuos difíciles de tratar y deja pasivos ambientales de larga duración.
Que esta técnica se aplique en una región como el Totonacapan, con fuerte presencia indígena y campesina, agrava el problema. No se trata únicamente de impacto ecológico, sino de justicia territorial. Convertir zonas rurales en plataformas de extracción intensiva sin una consulta social clara equivale a tratarlas como espacios prescindibles, como zonas de sacrificio en aras de balances productivos a corto plazo.
Y lo que resulta políticamente inadmisible es que sea Pemex quien encabece esa práctica. Cuando una empresa privada depreda, el conflicto es evidente. Pero cuando lo hace la empresa productiva del Estado, el agravio es doble: no solo se afecta el territorio, se erosiona la legitimidad de un discurso de soberanía energética que debería tener rostro social.
Se podrá argumentar que el país necesita mantener su producción petrolera y sostener ingresos fiscales. Nadie desconoce la importancia de la energía para la economía nacional. Pero la necesidad no convierte en legítima cualquier técnica, ni exonera de responsabilidad ambiental. La transición energética no puede reducirse a consigna mientras se profundizan prácticas de alto riesgo ecológico.
El problema no es técnico. Es ético y político. Si el Estado sabe que una práctica multiplica riesgos ambientales y tensiones sociales, y aun así la sostiene sin debate transparente ni regulación estricta, el saldo deja de llamarse desarrollo y empieza a llamarse daño administrado.
La discusión sobre el fracking en el Totonacapan no debe seguir oculta detrás de tecnicismos o cifras de producción. Se trata de territorio, de agua, de comunidad y de futuro. Y cuando se trata de eso, la responsabilidad tiene nombre. Pemex.
