Desde hace años, el bosque que rodea al Cofre de Perote ha sido objeto de una depredación sistemática. No se trata de episodios aislados ni de eventos fortuitos: es un proceso continuo, documentado y denunciado que ha avanzado al amparo de la inacción institucional.
Los recientes señalamientos sobre casos de tala ilegal sin avances en su investigación no hacen sino confirmar lo que ya era evidente. La ley no está operando. Existe en el papel, pero no en el territorio. Y cuando la ley no se aplica lo que queda es la impunidad.
El mecanismo es conocido. Incendios provocados, cambio de uso de suelo, extracción clandestina de madera. No es improvisación: es economía ilegal organizada. Un circuito que se repite en distintas regiones del país y que en Veracruz ha encontrado condiciones óptimas: baja vigilancia, comunidades vulnerables y ausencia efectiva del Estado.
Pero el problema no nació ayer. La degradación del bosque de alta montaña en Veracruz es el resultado de décadas de abandono, particularmente durante el periodo neoliberal, cuando la política ambiental fue reducida a discurso y las capacidades de vigilancia se debilitaron de manera sostenida. Se desmontaron estructuras, se relajaron controles y se dejó el territorio expuesto a dinámicas extractivas sin contención.
Las consecuencias ya son visibles. La pérdida de cobertura forestal no sólo implica árboles menos: altera el equilibrio completo de la región. El bosque cumple funciones críticas en la captación de agua, la regulación climática y la conservación de suelos. Su degradación impacta directamente en la disponibilidad hídrica, en los ciclos de lluvia y en la estabilidad territorial.
Menos bosque es menos agua. Menos infiltración, menos humedad, menor precipitación. No es una hipótesis: es un proceso en curso que ya empieza a sentirse en comunidades, en sistemas de abastecimiento y en la presión creciente sobre acuíferos.
A esto se suma una dimensión aún más grave: la violencia. Las organizaciones ambientales llevan años denunciando la situación. Algunos de sus integrantes han sido asesinados. Defender el bosque en ciertas regiones de México implica enfrentarse a intereses económicos ilegales que operan con protección o, en el mejor de los casos, con indiferencia institucional. Esa realidad no puede normalizarse.
El problema, sin embargo, no se agota en la acción de quienes talan. Se sostiene en la omisión de quienes deberían impedirlo. No hay presencia suficiente de autoridades ambientales, no hay operativos permanentes, no hay resultados en las investigaciones. Las denuncias se acumulan sin consecuencia. El mensaje es claro: se puede talar y no pasa nada.
Ese es el verdadero núcleo del problema. No la ilegalidad en sí, sino su tolerancia. La negligencia no es pasiva: produce efectos. Permite que la economía ilegal se consolide, que el territorio se fragmente y que la degradación avance sin freno.
El Cofre de Perote y el Pico de Orizaba no son sólo paisajes. Son infraestructuras naturales que sostienen vida, economía y equilibrio ambiental en amplias zonas del estado. Su deterioro no es un asunto sectorial: es un problema de gobernabilidad, de seguridad y de futuro.
Porque cuando el Estado no protege el territorio, el territorio se vuelve disponible. Y cuando se vuelve disponible, otros actores lo ocupan.
Lo que hoy ocurre en estos bosques no debería leerse como una falla administrativa. Es un síntoma de descomposición institucional. La devastación avanza, las denuncias se repiten, las investigaciones no prosperan.
El bosque se pierde. Y el Estado no se deja ver.
