Luis Bello Estrada
A partir de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable de 1997, México dio prioridad y seguridad jurídica a los proyectos de plantaciones forestales con fines comerciales, atrayendo a los poseedores de tierras que tuvieran el perfil señalado en la ley: terrenos incorporados a actividades agropecuarias principalmente en los años 40, 50 y posteriores.
Con esta normatividad, también se iniciaron los apoyos federales para incentivar estas plantaciones, siendo la Conafor la encargada de otorgar recursos financieros para el establecimiento y mantenimiento del primer año de las plantaciones. Lo anterior mediante la publicación de convocatorias anuales donde los interesados deben cumplir con los requisitos señalados por la dependencia, acorde con la normatividad forestal vigente.
El estado de Veracruz se ha destacado como la entidad que más superficie ha establecido en la suma de todos los años de este programa de apoyo a plantaciones forestales comerciales, debido tanto al gran potencial de tierras aptas para estos proyectos como al clima, que potencia el desarrollo de especies forestales.
Sin embargo, este año la convocatoria está en peligro de colapsar, ya que la gran mayoría de los proyectos que resultaron beneficiarios de los apoyos no podrán sembrar o lo harán muy tarde, a finales de la temporada de lluvias, debido a la ausencia de respuesta oportuna de la representación de la Semarnat en el estado de Veracruz, encargada de emitir las constancias de registro de las plantaciones forestales, documento sin el cual la Conafor no puede liberar los recursos asignados.
Por ley, la Semarnat tiene 10 días hábiles para dictaminar y emitir la constancia, pasados los cuales, sin ningún requerimiento sobre información o documentación adicional, se considera «positiva ficta» (aprobado de hecho) y el solicitante puede iniciar los trabajos de establecimiento de la plantación. Sin embargo, debido a la naturaleza de estos proyectos, se requiere de la constancia para obtener los apoyos que la Conafor otorga.
Lo preocupante, y ahí el boicot a las plantaciones 2024, es que aparentemente el representante estatal de la Semarnat, el biólogo David Figueroa, violenta la ley al ser omiso en la emisión de las constancias que debieran ser aprobadas legalmente por la mencionada «positiva ficta». Además, emite declaraciones extraoficiales, dejando en indefensión a los solicitantes para el cumplimiento de los requisitos ante la Conafor. Por ello, los productores afectados plantean posibles demandas legales ante la dependencia federal y su encargado.
