El diputado local del Partido del Trabajo (PT), Ramón Díaz Ávila, recordó que se siguen investigando contratos entregados a personas que pudieran no estar cumpliendo con todos los requisitos que la ley exige.
A propósito del caso de la contratista millonaria Araly Rodríguez, recordó que desde tribuna expuso que el Poder Judicial del Estado (PJE) dio contratos a empresas que no tendrían conformado de manera legal su domicilio fiscal.
“En tribuna denuncié las empresas irregulares, desde nuestro punto de vista, que tienen algunas dependencias estatales como el Poder Judicial que contrata a empresas recién creadas, de gente que no acreditaba dónde poder operar, como fue el caso de Araly”.
Hizo mención que fueron tres casos del 2022 los expuestos, donde los contratos asignados a estas empresas suman 26 millones de pesos.
El petista explicó que uno de esos contratos fueron asignados a una joven cuyo domicilio no era “concreto” para poder operar.
El también integrante de la Comisión de Vigilancia dentro del Congreso local expuso que no ha llegado el tema, sin embargo, se pronunció por que se esclarezca, así como cualquier otro hecho irregular.
