En Veracruz el gremio reporteril tiene mayor confianza en la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas (Ceapp), lo cual se refleja en un incremento de solicitudes de intervención que se suman al gasto responsable para ayuda social, destacó Sergio Quevedo Elox, presidente del organismo autónomo durante su comparecencia ante diputados del Congreso del Estado.
“En ambos casos, el propósito es fortalecer a la Ceapp, dotándola de recursos y herramientas que contribuyan a promover y garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión en el ámbito periodístico”, expuso.
Destacó que la credibilidad que ha alcanzado la Ceapp es única y exclusivamente por el trabajo hecho en beneficio del gremio, que a diferencia del pasado, hoy no hay motivo de vergüenza en el organismo defensor de periodistas.
“En la actualidad, quienes han recurrido a la institución siempre han encontrado la mejor disposición para ser atendidos por todo el equipo”, mencionó Quevedo Elox.
En la rendición de cuentas, destacó el respaldo por parte del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y reconoció al Congreso del Estado el aumento del presupuesto, sin embargo, enfatizó que éste no es suficiente, “persiste una gran deuda con el gremio periodístico. Estamos a tiempo de actuar”.
Piden justicia por crimen de periodista
Hugo Morales Alejo, periodista de la zona centro del estado, durante la comparecencia de la Ceapp solicitó que el Congreso del Estado dote de mayores recursos al órgano de protección a periodistas y a la Fiscalía General del Estado (FGE), pues consideró que estos son insuficientes para garantizar el libre ejercicio de la libertad de prensa y dejar a un lado la impunidad en las agresiones y crímenes de periodistas.
“Mi compañero Jacinto Romero fue asesinado en agosto del 2021 en Ixtaczoquitlán, Veracruz, la Fiscalía no ha acusado a nadie, tenía a presuntos pero ya fueron liberados, no hay acusados, no hay nada”, destacó.
Mencionó que Jacinto Romero era un periodista crítico en su función periodística, “no se puede decir que su crimen fue por una mala actuación, él fue un ejemplo de persona y es doloroso que no haya un avance, que no haya nadie acusado de su muerte, se va dejando y ya van para dos años de ello”.
En la cobertura diaria de delitos de alto impacto en la zona centro de la entidad, reconoció que hacen falta secretarios, fiscales, además de presupuesto a la Fiscalía General del Estado, “a veces no tienen ni llantas los vehículos de los policías o gasolina, entonces mientras no lo haya va a seguir habiendo impunidad y mientras más impunidad, más delincuencia”.
Lamentó que la FGE tiene un alto índice de impunidad porque el personal no tiene con qué moverse, “con el caso de Jacinto ya van para dos años, pido que no se cierre el caso, que no lo dejen al ahí se va, y a formar parte de las estadísticas, fue mi amigo, mi compañero, hay que indagar hasta el final.
Tiene que haber recurso para la Fiscalía, mientras haya recursos no habrá impunidad, porque entonces el delincuente ya no dirá: no hay quien me persiga; del crimen de Jacinto había detenidos, entre ellos un regidor, pero ya están libres todos, no hay nadie detenido, no hubo nada, sigue impune totalmente”.
Xalapa, donde más se agrede a periodistas
Silverio Quevedo, comisionado presidente de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, precisó que tienen registro de 106 agresiones a periodistas. De este universo de agresiones, 41 fueron cometidas por la sociedad civil, 27 por la delincuencia organizada, 13 por servidores públicos municipales, 10 por policías estatales, siete por servidores públicos estatales, uno por una capacitadora del Instituto Nacional Electoral (INE) y en siete casos se desconoce el origen.
A detalle, comentó que 17 ocurrieron en Xalapa, 11 en Veracruz, nueve en Coatzacoalcos, seis en Papantla, cuatro en Minatitlán, tres en Córdoba, tres en Cosoleacaque, tres en Tantoyuca, tres en Poza Rica, tres en Tempoal, dos en Soconusco, dos en Altotonga, dos en Martínez de la Torre, dos en Misantla, dos en Acayucan, dos en Uxpanapa y dos en Nanchital.
En los municipios de Hidalgotitlán, Camerino Z. Mendoza, Chinameca, Sayula de Alemán, Fortín, Orizaba, Catemaco, Álamo, Xico, Tihuatlán, Río Blanco, La Antigua, Pánuco, Amatlán de los Reyes, Gutiérrez Zamora, Tuxpan, Huatusco, Tierra Blanca e Isla, se reportó un solo caso.
“Este organismo debe admitir a los afectados a través de los procedimientos establecidos en su Reglamento Interior, los cuales se incorporan según la gravedad, circunstancias y contexto de cada caso en concreto, a través de los procedimientos de protección ordinarios y extraordinarios, así como los del programa preventivo y de seguridad, y los del procedimiento de atención. En el caso de estos últimos, bajo la vertiente de combatir las restricciones ilegítimas a la libertad de expresión y los que son para la asignación de recursos económicos por concepto de ayuda social”.
Cabe recordar que en noviembre del año pasado, una docena de reporteros y fotógrafos fueron amedrentados por agentes de la Policía Municipal de Xalapa, que encabeza el ex priísta y ahora abanderado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Ahued Bardahuil, cuando se encontraban documentando el hallazgo de un cadáver en el Paseo Los Lagos, uno de los sitios de mayor atracción turística en la capital.
En este caso, los comunicadores acudieron a interponer un recurso a la Ceapp, la cual hizo la queja formal ante la Policía Municipal de Xalapa y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Otorgan servicios de protección a periodistas
El año pasado, la Ceapp inició 163 expedientes donde otorgaron servicios de protección ordinarios y extraordinarios, del programa preventivo y de seguridad y de atención por restricción a la libertad de expresión o ayuda social; por lo que se dictaron 381 medidas de ese mismo carácter, en atención a 231 solicitudes de intervención, 83 hechas por mujeres y 148 por hombres.
Además, se dictaron 90 medidas, las cuales también se derivan de medidas de atención, del programa preventivo y de protección, todas ellas dentro de 23 expedientes correspondientes a ejercicios anteriores, que por estar activos y ante incidentes reportados o seguimientos durante el año 2022, resultó necesario la implementación de las mismas.
Expuso que de 53 expedientes, seis son de protección y 47 del programa preventivo y de seguridad.
Indicó que se dio atención a 20 expedientes iniciados en ejercicios anteriores al 2022 que se encontraban activos, de los cuales cinco son de protección y 15 del programa preventivo.
Derivado del análisis de los casos se dictaron las siguientes medidas de carácter preventivo y de protección: 128 medidas se implementaron en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como con Policías Municipales, dentro de las cuales se encuentran enlaces, rondines, vigilancia y/o hasta escoltas.
Además de 119 medidas tecnológicas consistentes en asesorías y mantenimientos tecnológicos, renovación de sistemas GPS, así como en la entrega o instalación de diversos equipos que permitan fortalecer su esquema preventivo o de protección en su caso, tales como sistemas de videovigilancia, cámaras personales y de vehículo, entre otros, específicamente, fueron 98 equipos otorgados.
De la misma forma se aplicaron 36 medidas de asistencia legal; 45 medidas dictadas por concepto de diversos apoyos económicos para traslados de periodistas, así como ocho medidas que se otorgan por concepto de apoyos por manutención, para implementar alguna medida de seguridad o protección; tres exhortos a autoridades municipales; un exhorto a una persona beneficiaria para el uso correcto de las medidas dictaminadas en su favor; y 11 monitoreos periódicos sobre el seguimiento de casos en específico.
Indicó que se le dio mantenimiento a 64 equipos de videovigilancia que presentaban alguna falla o problema, más del doble que en el ejercicio anterior; en total, el gasto erogado por la implementación de medidas cautelares fue de 742 mil 310 pesos.
