La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó ayer su conferencia matutina desde Minatitlán, en una gira de trabajo que incluyó anuncios relevantes para Veracruz: un plan de inversión de 93 mil millones de pesos para recuperar la industria petroquímica y de fertilizantes entre 2026 y 2030, y la confirmación de que el Tren Interoceánico presentará en tres semanas un rediseño de trazos para reanudar el servicio de pasajeros, suspendido desde el descarrilamiento de Nizanda en diciembre, que costó la vida a 14 personas. Son compromisos que esta redacción seguirá con atención. Pero no son el centro de este editorial.
El centro es Roxana Guzmán Ramírez. Directora del portal Pulso Informativo del Sureste. Desaparecida desde el martes 2 de junio. Tres hombres encapuchados y armados derribaron su puerta a golpes de marro, ordenaron a los presentes tirarse al suelo y se la llevaron. Había un familiar presente. Quedó un video. No hay ambigüedad posible en lo que el video muestra.
Su nombre se suma a una lista que Veracruz lleva décadas escribiendo. Miguel Ángel López Velasco, asesinado en 2011 mientras dormía junto a su familia. Yolanda Ordaz de la Cruz, Noel López Olguín, Misael López Solana, Juan Mendoza Delgado, José Luis Romero: todos en 2011. Regina Martínez, corresponsal de Proceso, estrangulada en su casa en 2012 —caso nunca esclarecido con verdad, sobre el que pesan hasta hoy sospechas de participación del poder—. Gregorio Jiménez, en 2014. Moisés Sánchez Cerezo, quien manejaba un taxi para poder seguir publicando su periódico comunitario, secuestrado y asesinado en 2015 bajo el gobierno de Javier Duarte —quien gobernó Veracruz de 2010 a 2016 y huyó antes de terminar su mandato— otro caso con sombra oficial que la justicia no ha terminado de iluminar. Rubén Espinosa, 2015. María Elena Ferral, 2020. Yessenia Mollinedo y Sheila García, 2022. Carlos Leonardo Ramírez Castro, el 8 de enero de 2026. Artículo 19 documenta 33 periodistas asesinados en Veracruz desde el año 2000. El estado con el mayor registro histórico del país.
Esta lista no es sólo una estadística de violencia. Es el inventario de lo que se ha permitido. Javier Duarte no sólo gobernó mientras mataban periodistas: los criminalizaba públicamente, los señalaba, construía el ambiente en que desaparecerlos era posible. Casi la mitad de los 33 asesinatos documentados ocurrieron en su sexenio. Lo que quedó de las investigaciones son expedientes de cinco hojas. Cinco hojas para una vida, para un nombre, para una familia que sigue esperando. La impunidad no es la consecuencia de esta historia: es su motor. Y ese motor ha funcionado con una eficiencia que debería avergonzar a cada administración que lo heredó sin desmantelarlo.
Moisés Sánchez es el antecedente más directo de Roxana. Manejaba un taxi para financiar su periódico comunitario en Medellín de Bravo. Cubría lo que ocurría en su municipio. Lo secuestraron en enero de 2015, aparecieron sus restos meses después. El poder local que incomodaba con su cobertura estaba señalado en las investigaciones. Nada fue probado con suficiencia ante la justicia. Roxana cubría exactamente lo mismo en Nanchital: el funcionamiento cotidiano del municipio, las fallas del ayuntamiento, las denuncias de los vecinos. Sus últimas notas eran sobre huevos en mal estado y sobre una familia que exigía al cabildo responder por un accidente con una camioneta oficial. Periodismo ciudadano sin red, sin empresa, sin nadie que abogue por ella. Sólo un teléfono y la decisión de contar lo que se ve.
Volvió a Veracruz este año después de haberlo dejado en 2017, cuando asesinaron a su esposo en Nanchital. Volvió de todas formas. Fundó su portal. Reunió 19 mil seguidores. Y alguien decidió que eso era demasiado.
La exigencia de esta redacción es doble y diferenciada. A la gobernadora Rocío Nahle: resultados, no declaraciones de prioridad. Cuatro días sin Roxana son cuatro días en que la diferencia entre prioridad declarada y prioridad real se vuelve más visible y más inaceptable. A la presidenta Sheinbaum: que su gobierno sea el que rompa el patrón. Que el mecanismo de protección a periodistas tenga dientes reales en Veracruz. Que pronuncie el nombre. Que la transformación demuestre aquí, en el estado con más periodistas asesinados del país, que gobierna de manera distinta a quienes construyeron esta historia de sangre e impunidad. Roxana Guzmán Ramírez. Ese es el nombre que falta.
