Orizaba, Ver.- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se suma a los colectivos de familiares de víctimas de desaparición en México, en un comunicado señalan: “Las organizaciones exigieron a las instituciones de gobierno establecer mecanismos de atención reales, coordinación efectiva y un trato digno hacia las familias buscadoras”.
El comunicado da a conocer que la CEM, la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús y otras agrupaciones civiles celebraron la apertura al diálogo, señalando que se trata de un paso importante hacia la paz y la justicia.
Se explica que la reunión, entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y los colectivos, “tuvo como propósito abrir espacios de diálogo donde las familias buscadoras pudieran expresar sus demandas y propuestas para fortalecer el sistema de justicia”.
Las familias de los desaparecidos presentaron una lista de 12 puntos que consideran urgentes para mejorar la atención de esta crisis, “revisión de los perfiles de funcionarios que atienden a las familias, priorizando la empatía, sensibilidad y colaboración; fortalecimiento de las fiscalías estatales para combatir la impunidad y mejorar las capacidades de investigación, con el objetivo de reducir la influencia de la delincuencia organizada”.
Además, refuerzo del servicio forense para identificar los más de 72 mil cuerpos que se encuentran en fosas comunes y morgues, a través del adecuado funcionamiento de los Centros de Identificación Humana. Igualmente, que haya una coordinación entre fiscalías y autoridades locales, federales y estatales para dar seguimiento efectivo a los casos y reconocimiento legal del trabajo de los colectivos de búsqueda como una pieza clave en la localización de personas desaparecidas.
“Colaboración internacional que permita avanzar en la búsqueda mediante mecanismos reconocidos globalmente; protección y seguridad jurídica para los colectivos de búsqueda, así como sanción a los funcionarios que obstruyan la justicia; coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, incluyendo subsecretarías, fiscalías generales, comisiones nacionales de derechos humanos y comisiones de búsqueda”.
También hacen propuestas adicionales, “para atender fenómenos específicos como fortalecer la investigación del caso Rancho Izaguirre y romper las alianzas entre autoridades y crimen organizado, atención diferenciada a la niñez desaparecida, mediante protocolos especializados, campañas de prevención y educación para la paz”.
“Creación de un registro nacional de fosas comunes, con acceso público y transparente; fortalecer la seguridad ciudadana con capacidad para atender tanto la micro como la macro criminalidad”.
Además, “la Secretaría de Gobernación afirmó que este encuentro representa el inicio de un proceso de seguimiento institucional a las demandas de los colectivos. Se comprometió a generar espacios permanentes de diálogo y colaboración entre autoridades y familiares, así como a sensibilizar a los funcionarios responsables de la atención a las víctimas”.
También se presentó una postura oficial ante la reforma de la Ley General sobre Desapariciones, actualmente en revisión en el Senado. El documento entregado por los colectivos resalta la necesidad de fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana, asignar mayor presupuesto a la búsqueda, considerar las recomendaciones de la ONU y reconocer legalmente el papel de los familiares y colectivos.
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