Reforma escolar suscitará miedo a denunciar: ANPF

La Asociación Nacional de Padres de Familia en el estado de Veracruz (ANPF) rechazó la iniciativa aprobada recientemente por el Congreso local, que pretende sancionar a padres de familia por alzar la voz, al considerar que se debe privilegiar a las niñas y los niños.

Esto lo informó Esteban Pablo Rodríguez Ortega, presidente de esta organización, quien planteó al diputado promotor de dicha propuesta, que para él proteger a los docentes es importante porque son de su gremio, pero primero están los niños.

Además, estableció en un comunicado que difundió a través de sus redes sociales que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) “tiene protocolos para actuar y no puede hacerse omisa mientras investiga”.

“La Fiscalía (General del Estado) si se aprueba sancionar al padre de familia que denuncia, la próxima víctima se va a callar. ‘Eso es encubrir, no es justicia’ en lugar de querer sancionar a padres fortalezcamos los protocolos de la Ley 303”, recalcó.

Insistió en que la prioridad es el interés superior de la niñez y con esta norma lo que se impulsa es proteger al magisterio, en donde se tienen muchos abusos que afectan a los infantes.

En ese contexto, el dirigente de la ANPF-Veracruz pidió “se respete el derecho de niñas y niños y padres a denunciar la Ley 303 del Estado de Veracruz de Prevención y Atención del Acoso Escolar”.

Es de señalar que el objetivo de esta norma es prevenir, erradicar y sancionar el acoso escolar, garantizando un ambiente seguro, libre de violencia y discriminación en todos los planteles educativos públicos y privados de la entidad.

De acuerdo con las reformas al Código Penal y a la Ley de Educación del Estado de Veracruz, aprobada en la última sesión del periodo ordinario de sesiones del pasado 30 de junio, se aprobó sancionar las falsas denuncias, basadas en hechos no  ciertos, estableciendo consecuencias legales para quienes presentan acusaciones infundadas en contra de docentes, directivos y del personal de apoyo y asistencia a la educación del sector educativo estatal.

De igual manera, propone reformar la Ley de Educación del estado, para que los protocolos de actuación sean bien aplicados por las autoridades del ramo, garantizando el debido proceso para asegurar un procedimiento legal y justo en caso de ser acusados, además de proteger la imagen profesional tomando acciones para limpiar la reputación de quienes hayan sido víctimas de acusaciones falsas.