Organizaciones ciudadanas y expertos en gestión hídrica advirtieron que la propuesta de reforma presentada por la Presidencia de la República podría abrir la infraestructura hidráulica federal a la inversión privada, un punto considerado crítico por el movimiento Guardianes del Agua Xalapa.
De acuerdo con Gerardo Alatorre Frenk, académico del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana e integrante de la organización, esta medida implicaría perder el control ciudadano sobre el agua y convertir un derecho humano en negocio.
“Si ductos, tanques y redes se manejan como negocio se introduce una lógica de lucro incompatible con un derecho humano básico. No se puede hacer negocio con el agua ni con la infraestructura que la distribuye”, afirmó.
El especialista subrayó que la gestión responsable del vital líquido debe planearse a 30 o 50 años, con enfoque en cuencas y microcuencas, considerando los efectos de lluvias extremas y sequías prolongadas.
“La gestión (…) empieza en lo local, en las comunidades que conocen sus territorios y protegen sus manantiales”, explicó.
A unas semanas del comunicado conjunto de esta con otras organizaciones como Agua para Todos y Agua para la Vida, el asunto regresó al centro del debate nacional.
Durante noviembre, el Congreso de la Unión llevará a cabo parlamentos abiertos para discutir reformas a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y la creación de una nueva Ley General de Aguas (LGA).
Alatorre calificó estos foros como “un pequeño pero significativo logro político”, impulsado por sectores de Morena que reconocen los riesgos de la propuesta presidencial.
Las organizaciones denuncian que la Presidencia busca mantener la Ley de Aguas Nacionales de 1992, que permitió la concentración del control hídrico en manos empresariales, y plantea una Ley General de Aguas limitada al abasto doméstico con plazos de hasta 60 años para cumplir el derecho humano al recurso hídrico.
“Con esta propuesta se mantienen casi intactos los privilegios de la ‘hidrocracia’, los grupos que han controlado (este recurso) desde hace más de tres décadas”, expuso.
El investigador consideró que el proyecto presidencial no resuelve los problemas estructurales de la actual legislación, “es terrible; y la nueva propuesta es apenas un curita ante una herida mucho más profunda”.
El movimiento propone sustituir los consejos de cuenca actuales por consejos regionales con representación de comunidades, pueblos, mujeres, jóvenes y sectores afectados por contaminación o megaproyectos.
“Deben ser órganos con capacidad vinculante, no sólo consultivos. Las decisiones sobre el territorio deben pensarse desde el derecho humano al agua y la protección de los ecosistemas”.
Alatorre agregó que el cambio institucional sólo será efectivo con vigilancia social y prensa independiente que garanticen transparencia y participación real.
El investigador recordó que la Conagua recauda apenas 20 por ciento de los derechos que deberían pagar los concesionarios industriales y de servicios.
“Si se cobrara lo establecido por ley, ingresarían hasta 40 mil millones de pesos adicionales al año. Esos recursos podrían destinarse a vigilancia, descontaminación y recuperación de cuerpos de agua”.
También pidió cancelar concesiones incumplidas y prohibir la privatización de infraestructura hidráulica, prácticas que –dijo– perpetúan el acaparamiento y benefician a corporaciones energéticas, mineras, refresqueras e inmobiliarias.
Aunque reconoce que el panorama político es complejo, Alatorre confía en que los parlamentos abiertos permitirán fortalecer la voz social y frenar retrocesos.
“Tengo esperanza de que se logre frenar lo peor. Estos espacios pueden marcar una diferencia si logramos mantener la participación y la vigilancia ciudadana”.
