Xalapa, Ver.— La Red UV por la Legalidad expresó su rechazo a lo que calificó como una tergiversación de los hechos respecto al fallo emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, relacionado con la prórroga otorgada a Martín Aguilar Sánchez al frente de la Universidad Veracruzana.
Mediante un pronunciamiento dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad veracruzana, el colectivo señaló que es falsa la afirmación difundida el pasado 27 de febrero por la administración central, en la que se sostiene que el órgano jurisdiccional “confirmó la aprobación de la prórroga” concedida al actual rector.
De acuerdo con la Red UV por la Legalidad, el tribunal se abstuvo de analizar el fondo del asunto al considerar que los actos de la Junta de Gobierno no tienen carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se ejercen en el marco de la autonomía universitaria. En ese sentido, subrayaron que la resolución no validó, declaró legal ni avaló la prórroga, sino que únicamente determinó su incompetencia para estudiar el caso por esa vía procesal.
El pronunciamiento sostiene que ninguna autoridad judicial ha respaldado la ampliación del mandato rectoral y acusa a la Junta de Gobierno de vulnerar la Ley Orgánica, la Ley de Autonomía y su Reglamento Interno.
Entre las presuntas omisiones, el colectivo menciona la falta de emisión oportuna de la convocatoria pública para el proceso de designación rectoral 2025–2029, la ausencia de una auscultación conforme a los plazos y formas legales, así como la falta de transparencia respecto a renuncias de integrantes del órgano colegiado.
Asimismo, señalan supuestos excesos, como la implementación de procedimientos no previstos en la normativa universitaria, la realización de una consulta sin sustento jurídico y la toma de acuerdos sin contar —afirman— con el número necesario de integrantes de la Junta de Gobierno.
La Red UV por la Legalidad también sostiene que estas decisiones afectaron la autonomía democrática participativa de la comunidad, limitaron la participación de otros aspirantes al cargo y derivaron en represalias contra personas que promovieron acciones legales.
Finalmente, el colectivo exigió a la administración central abstenerse de difundir información que, a su juicio, confunde a la comunidad universitaria sobre el alcance de la resolución judicial.
