La Red UV por la Legalidad, conformada por académicos, investigadores, estudiantes y personal universitario comprometido con la defensa del Estado de Derecho y de la autonomía universitaria, emitió un pronunciamiento dirigido a los jueces y magistrados federales del Poder Judicial de la Federación, en el que expresó su reconocimiento al papel del Poder Judicial como garante de la constitucionalidad en México, pero también su preocupación por la demora en la resolución de los amparos interpuestos contra la prórroga del actual rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Gerardo Aguilar Sánchez.
El colectivo recordó que existen cinco amparos promovidos por integrantes de la comunidad universitaria, los cuales impugnan la decisión de la Junta de Gobierno de extender de manera unilateral el periodo rectoral. De acuerdo con la Red, estos recursos no persiguen intereses personales, sino la restitución del principio de legalidad que debe regir en toda institución pública.
Entre sus argumentos, señalaron la falta de competencia de la Junta de Gobierno para aprobar dicha prórroga, la violación a la Ley Orgánica y de Autonomía de la UV y la omisión de convocar a un proceso abierto y transparente para la designación de la persona titular de la Rectoría.
La Red UV por la Legalidad advirtió que, pese a las resoluciones de algunos jueces que han negado suspensiones provisionales o definitivas, aún no existe una decisión sobre el fondo del asunto, lo que mantiene a la Universidad en un estado de indefinición jurídica que afecta la confianza institucional y genera incertidumbre académica.
Por ello, el grupo exhortó respetuosamente a los jueces y magistrados con sede en Veracruz y Xalapa a resolver los amparos con celeridad, transparencia e independencia, evitando dilaciones que afecten los derechos de los promoventes y el interés público.
Finalmente, la Red expresó su confianza en que el Poder Judicial de la Federación actuará con justicia, autonomía y apego al Estado de Derecho, subrayando que una resolución pronta y motivada restablecería la confianza en las instituciones y enviaría un mensaje inequívoco:
en Veracruz, la legalidad no se negocia.
