Zongolica, Ver.- A pocos días de haberse conmemorado el Día Internacional de la Mujer, beneficiarios de los programas federales del Bienestar en la Sierra de Zongolica expresaron su inconformidad ante lo que califican como una imposición política impulsada por el delegado estatal Juan Javier Gómez Cazarín, al intentar remover a la actual directora regional para colocar en su lugar a un exdiputado cercano a su grupo político.
De acuerdo con testimonios de beneficiarios y líderes comunitarios, la decisión de desplazar a Venus Valeria Corona Hernández, quien actualmente coordina los Programas para el Bienestar en 26 municipios de la Sierra de Zongolica, representa un golpe al trabajo social que se ha realizado durante años en comunidades indígenas.
Los inconformes señalan que el delegado pretende sustituirla por el exdiputado de Morena Henri Christopher Gómez, a quien acusan de ser una imposición directa del delegado y un personaje que ha vivido del erario a través de cargos administrativos y políticos.
Cabe recordar que tras haber dejado la curul, el exlegislador ingresó al Poder Legislativo en el último trimestre de 2022 como trabajador de confianza con el cargo de auxiliar administrativo, con un salario cercano a los 25 mil pesos mensuales.
De acuerdo con registros de nómina, también recibió un aguinaldo de 31 mil 994 pesos como prestación adicional. Según datos de la Dirección de Recursos Humanos, estuvo adscrito a la Coordinación de Archivo, Biblioteca y Hemeroteca.
Para beneficiarios de la región serrana, el intento de colocar a este perfil político en la dirección regional responde más a intereses de grupo que a las necesidades de las comunidades indígenas, pues aseguran que el exdiputado ni siquiera tiene experiencia en trabajo comunitario ni conocimiento de la lengua náhuatl.
“Nos quieren imponer a alguien que ni siquiera sabe cómo se trabaja con los pueblos originarios. No habla náhuatl, no conoce la sierra y viene de fuera a ocupar un cargo que debería ser para alguien que entienda nuestras necesidades”, expresaron.
El malestar también radica en que la funcionaria que se pretende remover cuenta con una trayectoria académica y social vinculada con la región.
