La Faena
Nunca antes en su historia la UV había vivido una crisis de legitimidad y desprestigio institucional como la provocada por la corrompida Junta de Gobierno al autorizar a Martín Aguilar Sánchez un segundo periodo rectoral de cuatro años.
Más allá de la firmeza que el prorrogado rector debe aparentar cada vez que aparece en público —especialmente en escenarios donde debería representar con dignidad y autoridad moral a la casa de estudios—, los efectos de la atrabiliaria intromisión de los notables de la Junta y las desmedidas ambiciones del investigador social han calado profundamente en el ámbito universitario.
De poco sirven los respaldos institucionales del sindicalismo o de la camarilla que festeja la continuidad de la desastrosa gestión martinista. El problema de fondo sigue siendo la falta de legitimidad de la prórroga y el daño moral causado a la UV al convertirla en botín, profundizando así su desprestigio a nivel nacional.
El hecho es que Martín y compañía están dispuestos a cargar con esa pesada responsabilidad histórica, a menos que el CUG determine el próximo lunes que la magnitud del daño provocado por ese triunfo pírrico obliga a revertir la decisión, pese a que los órganos jurisdiccionales se declararon incompetentes y, con ello, avalaron el atropello cometido por el rector.
Por otro lado, la decisión del CUG no es tan complicada, pues las cuentas del martinato no son buenas; por el contrario, se le ha señalado por posible daño patrimonial, por la mala gestión de la crisis meteorológica en el norte del estado, por la pérdida de certificaciones en veintiún doctorados, por la ausencia de un proyecto a mediano plazo y, sobre todo, por la toma por asalto de la Rectoría.
¿Por qué sería importante para la comunidad universitaria continuar con un rectorado gris y opaco? Resulta difícil justificarlo, excepto para su círculo cercano de beneficiarios, pues no existe argumento legal ni moral que lo sostenga. Habría que preguntarse quiénes más ganan particularmente con esta continuidad, porque no es la comunidad académica ni estudiantil, que seguirá bajo la misma inercia instalada desde el inicio del martinato, cuya visión retrógrada ha sido evidente y coherente con el modelo neoliberal implantado desde que la Universidad obtuvo su autonomía.
Tampoco gana la sociedad veracruzana, pues la UV continuará mirándose complacientemente el ombligo y celebrando logros internos intrascendentes, mientras el nulo impacto positivo de la academia y de sus productos de investigación o desarrollo tecnológico siga marcando el rumbo de la actual administración.
Sin embargo, políticamente, la UV está siendo utilizada —con la complacencia y complicidad del rector— como plataforma para un proyecto adelantado encabezado por el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien supone que la influencia de la autoridad universitaria entre el estudiantado podría generarle apoyo y construir una base de activismo electoral.
De ahí que no haya sido casual que el único político de la 4T que avaló la mascarada de la unción del segundo periodo del martinato fuese el nuevo aliado de la familia Yunes boqueña. Parte del cabildeo para desechar las denuncias de los universitarios inconformes por la toma de la Rectoría ante la nueva SCJN pasa por las manos del acomodaticio senador, que busca así empezar a mover sus fichas rumbo al 2030.
¿Vale la pena para la comunidad universitaria involucrarse en una contienda electoral para sumarse a un proyecto político a cambio de los favores legales y políticos otorgados para satisfacer las ambiciones personales del rector?
