El diputado local del Partido del Trabajo (PT) Ramón Díaz Ávila consideró que el personal de los penales de Veracruz, incluidos los directivos, deben ser evaluados para corroborar que son confiables para cumplir con sus actividades de manera correcta.
Tras ser cuestionado sobre el motín ocurrido el sábado 2 de agosto en el reclusorio de Tuxpan, en el que siete internos perdieron la vida y 11 resultaron con lesiones, dijo que son hechos que no se deben repetir.
“Se debe revisar la manera en que actúan los directivos de los reclusorios, que tengan los exámenes de confianza y que el personal cuente con la capacitación correspondiente”, expresó.
En ese tenor, consideró que el Sistema de Seguridad Nacional debe intervenir en los penales del estado para certificar al personal que ahí labora, “ver cuánto tiempo tienen y si hay necesidad de rotación que se haga o se hagan los cambios correspondientes”.
Asimismo, comentó que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene que dar a conocer los avances de las carpetas de investigación a fin de que exista claridad sobre esos hechos.
“La Fiscalía debe informar sobre los avances de las carpetas, no porque sean hechos –como se ha manejado– que son de narcotráfico o de ajustes de cuentas. No se debe dejar de investigar”, recalcó.
Cabe mencionar que en Veracruz hay 17 centros de readaptación social a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y están en Tuxpan, Acayucan, Amatlán de los Reyes, Chicontepec, Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Huayacocotla, Jalacingo, Misantla, Ozuluama, Pánuco, Papantla, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Tantoyuca, Coatepec y Zongolica.
Además, hay un Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), el número 5, en Villa Aldama.
