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“Prohibir 35 plaguicidas obsoletos no protege salud actual ni de las futuras generaciones”

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El decreto presidencial publicado el 4 de septiembre de 2025 que prohíbe 35 plaguicidas en territorio nacional fue calificado como insuficiente y limitado por la Red Temática de Toxicología de Plaguicidas (REDTP) y la Red Espesies.

De acuerdo con ambas organizaciones, los plaguicidas incluidos en la lista corresponden en su mayoría a moléculas obsoletas, retiradas de los mercados internacionales desde hace años y con registros cancelados en México. El decreto no representa un cambio sustancial en el uso real de plaguicidas altamente peligrosos (PAP), pues más de 200 de ellos continúan autorizados en el país.

La exposición a estos químicos ha sido vinculada con cáncer, alteraciones endocrinas, daños neurológicos y reproductivos, además de impactos severos en la biodiversidad, como la muerte masiva de abejas asociada al uso de fipronil y otros neonicotinoides.

El pronunciamiento sostiene que el decreto no atiende la crisis estructural causada por la dependencia de un modelo agrícola intensivo basado en agroquímicos altamente tóxicos. Este esquema afecta de manera desproporcionada a comunidades rurales, trabajadores del campo, mujeres y niñas y niños, además de perpetuar desigualdades sociales y de salud.

México, agregaron, se mantiene en rezago regulatorio frente a países que han avanzado con prohibiciones más amplias y consistentes con la evidencia científica. Las organizaciones recordaron que el artículo 4 constitucional obliga a proteger derechos humanos fundamentales como la salud, el acceso a un ambiente sano, a una alimentación de calidad y al agua saludable.

“Prohibir 35 plaguicidas obsoletos no resuelve el problema estructural ni protege de manera efectiva la salud de la población ni a las futuras generaciones”, señalaron en el pronunciamiento.

La REDTP y la Red Espesies reiteraron su compromiso de aportar evidencia científica y propuestas hacia una política integral de protección que priorice la vida y el ambiente sobre los intereses de la industria agroquímica.

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