Ciudad de México.- Aun cuando hace tres días el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se difundirían los nombres de los jueces que han liberado a presuntos delincuentes de delitos graves para “no humillarlos”, ayer el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, exhibió a algunos de estos juzgadores.
Al presentar ayer en la mañanera el expediente sobre liberaciones de presuntos criminales que el gobierno federal enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como parte de los argumentos para que no se elimine la obligatoriedad de la prisión preventiva oficiosa, el subsecretario dio a conocer estas identidades.
A la vez, enfatizó que si la Corte suprime esa medida cautelar abriría la puerta para que 92 mil delincuentes que se encuentran en prisión por delitos graves sean excarcelados, con lo cual se corre el riesgo de que vuelvan a delinquir, generando un impacto en la sociedad y una enorme sensación de impunidad.
El juez Carlos Gallegos Arellano, dijo el subsecretario, desacreditó los testimonios de testigos y no vinculó a proceso penal a Edwin Omar “N”, alias Minimix, que presuntamente participó en el asesinato de Sergio Ortega Escobar, jefe de grupo de la Policía Investigadora de la fiscalía de Colima. “Finalmente salió en libertad este sujeto, que sigue delinquiendo y sigue siendo un objetivo prioritario”.
Un caso más es el de Sergio Rodarte Oliva, juzgador en Zacatecas, quien decretó la no vinculación a proceso, ordenando la inmediata libertad de Rafael “N”, alias El Fantasma, probable secuestrador miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El togado Marco Antonio Ordorica Ortega, con sede en Chilpancingo, dictó sentencia absolutoria en al menos dos procesos por secuestro; la jueza Viviana Judith Juárez Vázquez atendió tres casos de detenciones en las garitas relacionadas con el uso de armas de uso exclusivo del Ejército y determinó que las aprehensiones eran ilegales y concedió la libertad.
En el caso de los llamados montadeudas, señaló a Juan Pablo Gómez Fierro, juez especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, quien admitió juicios de amparo otorgando suspensiones provisionales y definitivas a personas y despachos. El Presidente ha señalado que este juez ha tenido decisiones en favor de empresas energéticas que se niegan a acatar la nueva ley en la materia, por lo que ya es investigado.
Otros juzgadores revelados por el subsecretario por este tipo de liberaciones fueron Daniel Ramírez Peña, de Colima, quien no vinculó a proceso a José Bernabé “N”, La Vaca, principal generador de violencia en el estado; de Tlaxcala, Daniel Hernández George, y Paulina Iraís Medina Manzano, por un caso relacionado con El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.
Más casos de beneficios a probables criminales –aunque sin mencionar a los togados– fueron el de Rafael Caro Quintero; el de El Contador, líder del Cártel del Golfo; el del empresario Kamel Nacif y el ex gobernador de Puebla Mario Marín por las torturas a la periodista Lydia Cacho; y el de un ex policía federal acusado de participar en el desvío de 2 mil 500 millones de pesos, entre otros.
López Obrador y Mejía también dieron los nombres de los legisladores que aprobaron la prisión preventiva oficiosa en 2008, durante el sexenio de Felipe Calderón.
Por el PAN estuvieron Maru Campos; el hoy líder de ese partido, Marko Cortés; Santiago Creel, actual presidente de la Cámara de Diputados; el hoy senador Gustavo Madero y Guillermo Padrés, por citar algunos. Del PRI, Manlio Fabio Beltrones, Pedro Joaquín Coldwell, Francisco Labastida, Jesús Murillo Karam y Alejandro Moreno.
El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, presentó un análisis de la cobertura y atención que los medios, algunos opinadores y académicos dieron en su momento a esa reforma. La prisión preventiva oficiosa “nunca existe como concepto, todos hablan (abocándose solo) a los allanamientos (sin orden judicial), y el único periódico que cuestiona la reforma de fondo es La Jornada y, en ese tiempo, se quedó solo”.
“Grave, no sancionar a jueces que liberan a reos peligrosos”
Andrés Manuel López Obrador rechazó que el Poder Judicial pueda erigirse como Legislativo y eliminar un artículo constitucional, en alusión al debate que la SCJN tendrá el 5 de septiembre para definir si se suprime la obligatoriedad de la prisión preventiva oficiosa.
Durante la conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional, el mandatario enfatizó que en caso de que esta medida cautelar sea liquidada, se expondría a los impartidores de justicia a la decisión de liberar o no a los presuntos perpetradores de delitos graves.
“Se convierten los ministros en legisladores, algo que nunca había sucedido. Que el Poder Judicial borrara, nulificara, un artículo (el 19) de la Constitución. (Puede hacerlo) el Congreso, pero no la Suprema Corte de Justicia, sería una barbaridad (…) ¿Cómo dejarle a los jueces todo ese poder, violando lo que establece la Constitución?”
Por tercer día consecutivo el jefe del Ejecutivo arremetió contra el Poder Judicial y criticó que la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal (CFJ) no sancionen a jueces que han liberado a delincuentes peligrosos o de cuello blanco.
Aun cuando la propia SCJN resolvió hace unos años que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen la misma jerarquía que la Constitución, el Presidente lo cuestionó. “Otro argumento que he escuchado por ahí: ‘Es que nos los van a exigir los organismos internacionales’. Entonces, ¿la Constitución va a estar sujeta a los acuerdos internacionales?”
La oposición al proyecto
Afirmó que su gobierno hará llegar al máximo tribunal un expediente con casos de liberaciones, “porque hay políticos, jefes de la delincuencia organizada y personajes a los que se les han devuelto millones de pesos por decisiones de jueces”.
Pero acotó que no se dará a conocer quiénes son esos juzgadores. “Los estaríamos humillando, es fuerte. Vamos a presentar los casos, vamos a cuidar los nombres y le vamos a enviar todo a la Corte y al CFJ, que no han hecho nada o muy poco, pues, porque deberían de estar ahí sancionando jueces”.
Cuando se le insistió en que la sociedad tiene derecho a conocer esos nombres o los de ministros corruptos, el mandatario argumentó que no se trata de hacer juicios sumarios ni linchamientos. “Es muy fuerte el que el Presidente de México señale a estos jueces”.
López Obrador se ha opuesto al proyecto del ministro Luis María Aguilar para suprimir la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa, por lo que su gobierno presentó la semana pasada argumentos en contra.
El gobierno federal planteó que en caso de eliminar esa medida cautelar se podrían en riesgo la estrategia de seguridad, propiciaría que los acusados escapen o continúen delinquiendo y expondría a la violencia a víctimas, testigos e impartidores de justicia, además de que expone a estos últimos a incurrir en actos de corrupción.
Por ello, ayer el mandatario indicó que su administración engrosará sus argumentaciones con el listado referido que entregará a la Corte. “Queremos que todo esto lo tengan, creo que el día 5 (de septiembre) van a tomar la decisión. Estamos hablando de delitos graves: corrupción, secuestros, feminicidios, homicidios, lavado de dinero, delincuencia organizada”.
Apuntó que el constitucionalista y académico universitario Diego Valadés manifestó su rechazo a que la SCJN resuelva por la nulificación de la prisión preventiva. “No es santo de mi devoción, pero reconozco que es maestro en derecho y constitucionalista; no está con nosotros, nos ha cuestionado, pero ante esta barbaridad se ha pronunciado”.
Apuntó que el constitucionalista y académico universitario Diego Valadés manifestó su rechazo a que la SCJN resuelva por la nulificación de la prisión preventiva. “No es santo de mi devoción, pero reconozco que es maestro en derecho y constitucionalista; no está con nosotros, nos ha cuestionado, pero ante esta barbaridad se ha pronunciado”.
