Coatzacoalcos, Ver.- Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha pagado a los constructores veracruzanos por obras realizadas en el complejo petroquímico Cosoleacaque, lo que los pone en una situación difícil para el pago de salarios y prestaciones, motivo por el cual las empresas están retirando su maquinaria y sus empleados.
Desde septiembre varias empresas afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Coatzacoalcos, que trabajaron en la obra de rehabilitación del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, dejaron de recibir los pagos.
El presidente de dicha cámara, Luis Fernando Escamilla Aguilar, detalló que por el retraso de los pagos se da incumplimiento de la emisión de Codificación de Pagos y Descuentos (Copade) para que las prestadoras de servicios facturen y cobren.
La falta de pago de los trabajos realizados durante el año y la nula respuesta de las autoridades de Pemex ha provocado que las empresas que daban mantenimiento y rehabilitación al Complejo Cosoleacaque abandonen las obras.
En una carta dirigida a la empresa petrolera, detalló que en su momento se aplaudió la iniciativa del gobierno y de Pemex TRI para invertir en la producción de fertilizantes para lograr la soberanía alimentaria, sin embargo, no le están dando la misma importancia al pago de los proveedores y muchos de ellos no podrán enfrentar los compromisos laborales de fin de año.
Los empresarios de la CMIC advierten que los problemas de mantenimiento de este complejo causarán el desabasto de amoniaco, materia prima para la producción de fertilizantes, poniendo en peligro la soberanía alimentaria.
Pemex está llevando a cabo las reparaciones de las plantas IV, V, VI y VII del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, para producir amoniaco, que es la base de la urea en las plantas de Pro Agroindustrias de Pajaritos, antes Agronitrogenados.
Escamilla Aguilar hizo un exhorto a Pemex y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a atender esta situación.
Usuarios de 9 estados interponen queja por altos cobros de CFE
La Red Nacional de Resistencia Civil interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debido a la presunta violación de derechos humanos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a usuarios de la energía eléctrica de nueve estados del país, pues los cobros llegan a ser de hasta 300 mil pesos.
En conferencia, representantes de la organización constituida en 2009, expusieron que a pesar de que la empresa estatal se comprometió mediante un convenio a respetar el movimiento, continúa violando los derechos de usuarios de electricidad en diferentes comunidades y barrios de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Morelos, Estado de México, Michoacán y Chihuahua.
Ante dicha situación el 8 de diciembre pasado la Red interpuso una queja por cobros excesivos de luz, por la falta de reparación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica, por apagones constantes, así como por “amenazas, acoso y hostigamiento en contra de usuarias y usuarios, por cobros extrajudiciales y requerimientos de pago por terceros, por la instalación de medidores digitales sin consentimiento del usuario, por cortes de energía eléctrica con uso de la fuerza pública”.
La Jornada solicitó a la empresa estatal un posicionamiento sobre la problemática que expuso la organización, no obstante, no obtuvo una respuesta.
Los representantes de la Red indicaron que han buscado reiteradamente el diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob), la CFE, con las comisiones de energía de la Cámara de Diputados y el Senado para que se reconozca de forma constitucional del acceso a la energía eléctrica como un derecho humano.
“Lo que ha pasado históricamente es que la CFE ha cometido abusos arbitrarios, cobros excesivos y ha utilizado el sistema de justicia para criminalizar a quienes nos hemos organizado”, dijo Nathaniel Hernández, representante de la organización.
“CFE ha actuado de manera dolosa con amenazas, con intimidación, con el uso de la fuerza policiaca para obligar a que los usuarios paguen los recibos elevados”.
Indicó que ante ello han planteado a la Segob establecer mesas de trabajo para construir un proceso de ruta que permita generar la reforma al artículo 3 y 4 de la Constitución y reducir estos riesgos y amenazas que se enfrentan los usuarios en todo el país.
Recordó que el problema se arrastra desde 1994, pero a diferencia de los gobiernos anteriores, el acercamiento ha sido complicado.
Anotó que el servicio eléctrico no se paga no porque no se quiera pagar, sino porque se trata de cobros “excesivos, abusivos, injustificados, arbitrarios, que están desfasados porque son poblaciones rurales con pocas posibilidades de ingresos o son zonas urbanas en donde la gente va viviendo al día”.
Mencionó que se ha reivindicado el reconocimiento políticamente en las comunidades organizadas, es decir, declararon la resistencia civil al no pago.
“La CFE no puede ingresar a las comunidades a realizar cobros o cortes de luz y si lo realiza las comunidades se encargan de restablecer el servicio”, señaló.
Subrayó que una de las exigencias es que se condonen las deudas por parte de la CFE, mientras que después se haría un “borrón y cuenta nueva”, para que se garantice el acceso y la reparación o rehabilitación del suministro eléctrico en zonas urbanas o zonas rurales.
Resaltó que una vez que suceda esto, dentro de la propuesta está haciendo la Red es que haya un rango de gratuidad del servicio eléctrico para ciertos sectores, sobre todo que están en condiciones de empobrecimiento o de vulnerabilidad.
“Planteamos que sea una propuesta de tarifaria ajustada a una realidad social, económica también, climática incluso porque el consumo de energía en una ciudad con frío a una zona caliente no es igual. Pensamos que tiene que ser una tarifa social y justa no acorde a nuestros ingresos, a la realidad que vivimos y a las condiciones en las que vivimos”, dijo.
La organización insistió en que “la energía eléctrica no es una mercancía, sino un derecho humano”, por lo que lo harán valer.
